El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien esta tarde se le conocerá medida de coerción por supuesto soborno, se obsesionó de tal manera con un vehículo de alta gama “Mercedes Benz 350 o 340”, que le rechazó al testigo Roberto Canaán, la oferta de una guagua Volvo o Mazda, a cambio de “alterar el curso del proceso en la fase de investigación que en su contra, realiza el Ministerio Público”.

Así consta en la instancia de solicitud de autorización judicial de allanamiento, hecha el 28 de marzo en curso por Wilson Manuel Camacho, procurador adjunto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, el cual fue autorizado por la jueza de la instrucción especial Ysis Muñoz.

En su comunicación, Camacho le informa a la magistrada Muñoz que el Ministerio Público tiene abierta una investigación de orden público en contra del investigado Aurelio Valdez Alcántara, quien, en el desempeño de sus funciones como procurador fiscal, el 13 de marzo, concretó un encuentro personal en el parqueo de Plaza Lama, donde abordó el vehículo del testigo Roberto Canaán “y utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”.

Agrega que durante esta reunión, el investigado Aurelio Valdez Alcántara propuso de manera explícita alterar el curso del proceso en la fase de investigación a cambio de un beneficio económico directo. La exigencia pecuniaria realizada por el investigado Aurelio Valdez Alcántara

“Alcántara se fijó inicialmente en 200,000 dólares, suma que el fiscal redujo a 150,000 dólares tras una negociación en la que también mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450, negro; además de que el fiscal investigado rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”, dice textualmente Camacho.

Agrega la comunicación que finalmente, “el investigado Aurelio Valdez Alcántara ejerció coacción continuada mediante conversaciones telefónicas, dando seguimiento el 18 de marzo, presionando con la frase "¿para cuándo está la cosa?" y estableciendo como fecha límite de entrega el día 24 de este mes de marzo”.

Resalta que para asegurar el cumplimiento, “el fiscal advirtió sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno”.

Ante esos señalamientos, dijo que para el Ministerio Público avanzar la investigación, resultaba “urgente y esencial” realizar allanamiento en la vivienda del investigado, ubicada en el Residencial Amanda II, Edificio Lorenzo XVI, Apartamento 3-A, ubicado en la calle María Teresa Mirabal, Santo Domingo Este, y así lo hizo el pasado viernes.

El citado fiscal es investigado por presunta violación a los artículos 174, 177 y 178 del Código Penal Dominicano y los artículos 2 numeral 11 literales k, n y o, 3, 4 y 9 numeral 1 de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activo.