El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDPP) afirmó ayer que el presidente del Poder Judicial, Luis Henry Molina, ocultó las verdaderas razones del porqué el sistema de justicia dominicano colapsó, al limitarlas al consenso del advenimiento y acuerdo entre las partes de determinados litigios judiciales.

En opinión de la dirección ejecutiva del IDDP, el también presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) obvió dos razones etiológicas, como son la cultura de la prisión preventiva o cautelar, dispuesta por la generalidad de las Oficinas de Servicios de Atención Permanente a nivel nacional, en abierta consonancia con el Ministerio Público, “que es el connatural peticionario de la medida coercitiva más gravosa que conoce el Código Procesal Penal”.

Afirmaron que el uso desmedido de la medida de coerción más gravosa que conoce el Código Procesal Penal (CPP) “desemboca en una multiplicidad de trámites procesales que consumen una buena parte del tiempo destinado a administrar justicia, como son: la instauración de recursos de apelación, de revisión y otras peticiones dirigidas al Ministerio Público, las cuales, de no ser respondidas a tiempo, también van a parar al cauce del juez de la instrucción, sobre todo en procesos de mediana o ligera lesividad social”.

Agregó que otro aspecto medular inobservado por el magistrado Molina es el aspecto presupuestario del que son acreedores tanto el Poder Judicial como la Procuraduría General de la República, en virtud al artículo 3 de la Ley núm. 194, del 2004.

“El magistrado presidente de la máxima instancia judicial no denunció que, sin explicación alguna, el Poder Ejecutivo recorta año tras año, desde su creación, la citada legislación, lo cual constituye una inaceptable violación al art. 63 de la Constitución de la República, el cual establece la autonomía administrativa y presupuestaria del Poder Judicial, a tal grado que el indicado Poder es deudor del Poder Judicial de más de RD$25,000 millones como fruto de la citada desobediencia…”, dijo Carlos Balcácer, presidente del IDDP.

Indicó que eso impacta en el desempeño de las labores judiciales, “lo cual tiene sitiado a toda la empleomanía del Poder Judicial con sueldos de miserias que, al final de cuentas, han creado una estampida de renuncias de todo el personal en busca de mejores oportunidades salariales en el sector privado”.

Agregó que, de igual forma, “limita y frustra” la creación de más tribunales y salas penales, como forma de conjurar el natural crecimiento de litigios fruto de la expansión demográfica y territorial, y de igual forma de novedades delictivas creadas ante el inexorable avance de la tecnología, cuyas bondades son abusadas por infractores y gente de mala ley.

“Con una estructura judicial laureada con buenos salarios, tanto para magistrados como para el personal administrativo, ampliación de los espacios de administrar justicia por medio de crear más salas, tribunales y cortes, no tendría presencia el colapso tristemente acontecido y denunciado”, puntualizó diciendo la organización de juristas que, además de Balcácer, integran Valtin Medrano, Ingrid Hidalgo, Cándido Simón y Juan Hirohito Reyes.

También, Frank Reynaldo Fermín, Manuel Sierra, Freddy Castillo, Carlos Olivares y otros.