La Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA) ha manifestado su enérgica preocupación ante la inminente aprobación del Proyecto de Código Penal que actualmente se debate en la República Dominicana. La organización sostiene que la propuesta legislativa contradice principios fundamentales que rigen la vida y la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad.

CONAMUCA enfatiza que la ley debería funcionar como un escudo protector para los más desfavorecidos, en lugar de una herramienta que los arrincona y los deja sin defensa. La confederación considera que el enfoque punitivo del proyecto, junto con la exención de responsabilidad a entidades poderosas como el Estado, los ayuntamientos, las iglesias y los partidos políticos, desequilibra el sistema de justicia. «En las comunidades campesinas, la justicia es algo que se busca, que se espera, y si el Estado, que debería protegernos, no puede ser responsabilizado, ¿a quién acudimos cuando sentimos que nos han pisado?», cuestiona la organización.

La Confederación de Mujeres del Campo subraya que la concepción de la justicia gratuita como un privilegio y no como un derecho universal atenta contra la equidad, colocando en una clara desventaja a quienes carecen de recursos.

Un punto de alarma significativo para CONAMUCA es la posible prescripción de los crímenes de violencia sexual. La organización expresa un «escalofrío» ante la idea de que agresores puedan quedar impunes con el tiempo, lo que no solo violaría la Constitución dominicana, que protege la integridad de mujeres y niñas, sino también tratados internacionales.

La propuesta de crear una jurisdicción militar genera inquietud en CONAMUCA, que se pregunta si esto resultará en «dos tipos de justicia». La organización recuerda que la Constitución establece que el Poder Judicial es el único que administra la justicia, y que separar este poder para otorgar atribuciones especiales a un tribunal militar iría en contra del principio de igualdad ante la ley, fundamental para la comunidad campesina.

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Asimismo, la eliminación de la protección especial a personas por su orientación sexual, identidad de género, raza o lugar de origen es vista por la confederación como un «cerrar los ojos a la realidad de que hay gente que sufre más discriminación». En un entorno rural donde la diversidad es a menudo una realidad palpable, proteger a todos sin distinción se considera una cuestión de justicia y un mandato constitucional.

El tema del aborto es particularmente sensible para CONAMUCA, que lo considera un ejemplo claro de cómo la pobreza castiga más fuerte. A través de los testimonios de mujeres como Rosa, Violeta, Margarita y Lila, la organización ilustra cómo la ley actual se aplica con mayor severidad a mujeres de bajos recursos, quienes, sin acceso a información ni servicios de salud, terminan criminalizadas por situaciones que deberían abordarse desde la óptica de la salud pública y la justicia social.

CONAMUCA argumenta que no tiene sentido castigar algo que la ley no puede prevenir de otra manera. Si bien la Constitución protege la vida, también establece que las mujeres y niñas ya nacidas son personas con plenos derechos. Citando un tribunal chileno, la organización insiste en que la mujer no puede ser un «instrumento» para proteger al no nacido, ni se le pueden imponer deberes que pongan en riesgo su vida.

Para las campesinas, el aborto debe ser tratado como un asunto de salud y justicia social, no como un crimen en el Código Penal. Criminalizar a las mujeres las empuja a situaciones más peligrosas y las condena a la pobreza y la desesperación. Por ello, CONAMUCA demanda la despenalización del aborto en tres situaciones extremas:

En resumen, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo concluye que el Proyecto de Código Penal, desde una perspectiva campesina, se aleja de la justicia anhelada. La preocupación radica en que, en lugar de proteger a los más débiles, la propuesta legislativa se convierta en un obstáculo para su acceso a la justicia y a una vida digna.

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