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POR MANUEL JIMÉNEZ
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó el martes a Cuba entre los países con más serias violaciones a estos derechos en la región, pero pidió el levantamiento de las sanciones económicas impuestas a la isla por el impacto socio-económico que estas medidas tienen sobre su población más vulnerable.

El informe, que fue presentada ante la XXXVI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que sesiono hasta el martes en Santo Domingo, analiza también la situación de estos derechos en Haití, Colombia, Venezuela y Ecuador.

En sentido general, el informe, que fue leído por el presidente de la Comisión, el paraguayo Evelio Fernández Arévalos, dice que “persisten serios obstáculos en el hemisferio para la plena vigencia de los derechos humanos, principalmente ocasionados por la debilidad del Estado de Derecho en varios países de la región”. En el caso de Cuba, la Comisión dice que recibió, en particular, informes sobre violaciones al debido proceso legal y la falta de independencia del Poder Judicial, así como de las condiciones de las personas privadas de su libertad en razón de ser disidentes al gobierno, así como de violaciones a la libertad de expresión.

También sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos, la vulneración de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y las restricciones impuestas al ejercicio del derecho de residencia y transito.

Pero señala que las sanciones de carácter económico impuestas a Cuba, han generado un grave impacto en el disfrute de los derechos económicos y sociales de los sectores mas vulnerables de la población, “y esto debe de terminar”.

Con relación a Haití, el informe destaca que en el 2005 hubo un mayor deterioro de la situación de derechos humanos en este país, debido fundamentalmente al aumento de la violencia causada por grupos y bandas armadas”.

La situación se agravo por el hecho de que el gobierno, aun con la asistencia internacional, no garantizo la seguridad de la población en todo el país, agrega.

Dice que esta preocupación no solo esta derivada por la amenaza inmediata a la vida e integridad física de los haitianos, sino también porque, en buena parte, el futuro del país depende de que los esfuerzos en pro de la seguridad se hagan efectivos.

El presidente René Préval asumió en mayo pasado el mando de este país, el más pobre del hemisferio occidental y aun con presencia de una fuerza militar de la ONU, con el reto de lograr la pacificación nacional e implementar cambios que garanticen el empleo, la educación y la salud para los más de 9 millones de habitantes. Sobre Venezuela, la Comisión ponderó algunas acciones dirigidas a dar cumplimiento a decisiones emanadas de los órganos del sistema y los órganos internacionales de protección a los derechos humanos, pero llamó la atención a situaciones relacionadas con la administración de la justicia.

Reportó que existen problemas subyacentes a la provisionalidad de los jueces y de los fiscales del Ministerio Público, la utilización de la justicia militar para el procesamiento de civiles y la situación de impunidad en particular frente al caso de ejecuciones extrajudiciales y la falta o retardo procesal en las investigaciones de denuncias relacionadas con violaciones a los derechos humanos”.

Destaca, además, que desde el año 2005 la Comisión ha estado solicitando infructuosamente una autorización para una visita de seguimiento a Venezuela.

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