Panorama
PC presenta séptimo informe sobre corrupción administrativa dedicado solo a Senasa
El propósito de este informe es facilitar a la ciudadanía el conocimiento y la comprensión de un caso que ha afectado la salud del sector más vulnerable de la población
Imagen de portada del informe de Participación Ciudadana sobre el caso Senasa.
Participación Ciudadana (PC) presentó su Séptimo Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, dedicado de manera exclusiva al caso que lleva el Ministerio Público sobre el Seguro Nacional de Salud (Senasa), también conocido como “Caso Santiago Hazim y compartes”.
El documento tiene como objetivo facilitar a la ciudadanía la comprensión de un proceso penal de alto impacto público.
El informe señala que el caso afectó directamente la salud de los sectores más vulnerables de la población y destaca el uso irregular de fondos del sector salud para la supuesta compra de bienes.
"Y que hiere la sensibilidad del más fuerte que se distraigan fondos del sector salud para comprar vehículos de lujo, o un reloj de más de RD$5,000,000.00, o botellas de whisky de más de RD$100,000.00 cada una”, dice el organismo.
Según el informe de la entidad no partidista, hasta el año 2020, Sensa era considerado un modelo de gestión, pero su deterioro habría comenzado con el inicio de la gestión de Santiago Hazim.
Las denuncias dieron lugar a una investigación del órgano acusador, cuya solicitud de medidas de coerción consta de 537 páginas. Para facilitar el acceso a la información, Participación Ciudadana elaboró una síntesis de 32 páginas.
La organización aclaró que el informe se basa única y exclusivamente en el contenido del expediente del Ministerio Público y que los hechos, cifras y calificaciones jurídicas corresponden a esa investigación, no a valoraciones propias.
De acuerdo con la acusación, se habría creado una estructura de crimen organizado, se obstruyó la transparencia institucional y se distrajeron fondos del Senasa, comprometiendo su solvencia financiera.
El expediente atribuye sobornos por más de 4 mil millones de pesos y señala la alteración de estados financieros, así como el enriquecimiento ilícito del principal imputado.
El Ministerio Público califica los hechos como constitutivos de diversos delitos, entre ellos corrupción, soborno, estafa contra el Estado y lavado de activos.