El Defensor del Pueblo es una institución en la República Dominicana, esta figura fue creada por la Ley No. 19-01, promulgada el 1 de febrero de 2001, y su misión principal es salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos frente a cualquier actuación arbitraria o irregular de la administración pública. Inspirado en el modelo del ombudsman escandinavo, el Defensor del Pueblo dominicano ha venido a llenar un vacío en la relación entre el Estado y los administrados, facilitando mecanismos de control y supervisión sobre las acciones de los órganos públicos.

El concepto de Defensor del Pueblo surge en Suecia en el siglo XIX como una respuesta a las necesidades de los ciudadanos de contar con un mecanismo accesible y eficiente para supervisar la legalidad de las actuaciones administrativas. En la República Dominicana, esta institución tiene un rol crucial en el fortalecimiento del Estado de Derecho, vigilando que los derechos de los ciudadanos no sean vulnerados por la acción u omisión de los poderes públicos, sean estos del ámbito ejecutivo, legislativo o municipal. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente que goza de autonomía funcional y financiera, lo cual le permite realizar su labor sin presiones ni influencias de parte de las instituciones públicas o privadas.

Una de las responsabilidades fundamentales del Defensor del Pueblo es proteger los derechos de los ciudadanos en los procedimientos administrativos, asegurando que la actuación del Estado sea transparente, imparcial y conforme a las normativas vigentes. Este enfoque se ve respaldado por la Ley No. 107-13, sobre los derechos de las personas en su relación con la administración pública, una legislación clave en la República Dominicana que establece los principios y derechos que deben regir las actuaciones administrativas.

Derechos protegidos por la Ley 107-13

La Ley No. 107-13 fue promulgada con el fin de regular los derechos y deberes de los ciudadanos frente a la administración pública, brindando un marco jurídico que promueve la equidad, la transparencia y la legalidad. Entre los derechos protegidos por esta ley se encuentran:

1. El derecho a una buena administración: Este derecho implica que los ciudadanos deben recibir servicios públicos con eficiencia, transparencia y prontitud, así como el derecho a ser tratados con respeto y dignidad por los funcionarios.

2. El derecho de acceso a la información: Los ciudadanos tienen derecho a solicitar y recibir información veraz, completa y oportuna sobre cualquier asunto de su interés que esté en manos de la administración, salvo las excepciones previstas por ley.

3. El derecho a la participación: La Ley 107-13 garantiza que los ciudadanos puedan participar activamente en los procesos administrativos que les afecten, presentando quejas, sugerencias o propuestas para la mejora de los servicios públicos.

4. El derecho a ser escuchados: En cualquier procedimiento administrativo, las personas tienen el derecho a ser escuchadas, presentando pruebas y argumentos que consideren pertinentes para la defensa de sus intereses.

5. El derecho a obtener una decisión motivada: La administración está obligada a emitir decisiones fundamentadas, de manera clara y comprensible, explicando los motivos que llevaron a la resolución del procedimiento.

Estos derechos, en conjunto con los principios de legalidad, proporcionalidad, buena fe y transparencia, forman el núcleo de la protección que el Defensor del Pueblo debe garantizar a los ciudadanos. Su intervención en los procedimientos administrativos no solo busca asegurar que la administración actúe conforme a derecho, sino también promover una relación equilibrada entre el Estado y los administrados, donde se respete la dignidad y los derechos de las personas.

Esta entidad también tiene la facultad de emitir recomendaciones a las instituciones públicas, orientadas a corregir o mejorar sus procedimientos. Aunque estas recomendaciones no son vinculantes, su fuerza moral y el impacto en la opinión pública obligan a las entidades públicas a tomar en consideración sus observaciones. Además, puede promover reformas legislativas o normativas para mejorar la relación entre los ciudadanos y el Estado, contribuyendo así a la modernización de la administración pública y a la consolidación de un sistema más justo y equitativo.

El Defensor del Pueblo tiene un papel fundamental en la protección de los derechos ciudadanos frente a la administración pública en la República Dominicana. Mediante su intervención, se garantiza que los procedimientos administrativos se realicen con respeto a los derechos fundamentales, la legalidad y los principios establecidos en la Ley 107-13. Esta institución, al ser un puente entre los ciudadanos y el Estado, contribuye a la consolidación de una administración pública más transparente, accesible y justa, esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho en el país.