La Asociación de Industrias de Haití, organismo equivalente a nuestro Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) recientemente emitió un comunicado, que salió en la prensa de Puerto Príncipe, solicitando que se mantengan las restricciones a las importaciones dominicanas. Como se sabe, organismos regionales en la zona de Juana Méndez han cerrado el acceso a productos dominicanos desde Dajabón argumentando que se deben de rebajar las tarifas de las visas, así como otras medidas que bajan los costos de hacer negocios en Dajabón y que no debe implementarse el registro biométrico de las personas. Pero también los empresarios haitianos, al darse cuenta que no llegarían productos dominicanos a través de la frontera, comenzaron a importar sucedáneos desde Miami, Panamá y Colombia, por lo que presionan para que el mercado fronterizo se mantenga cerrado. La continuación de la construcción del canal del lado haitiano de la frontera y la presión dominicana para que se negocie el asunto, sirven de argumento de trasfondo para ambos grupos haitianos.

El cierre de la frontera para productos dominicanos va en contra del modelo de desarrollo económico haitiano, vigente desde el segundo Gobierno de Jean Bertrand Aristide cuando se bajaron los aranceles para permitir la libre importación de comida para así reducir el costo de la vida de los haitianos y también para permitir que su muy deforestado suelo pueda recuperarse. Para ese modelo la fuente de empleos y divisas serían las zonas francas, que en épocas anteriores por mucho superaban a las dominicanas, las remesas de la diáspora y los ingresos por llamadas telefónicas internacionales.

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Otra queja haitiana es que sus aduanas fronterizas recaudan muy poco dada su ineficiencia y por eso su Ministerio de Hacienda prefiere que las exportaciones dominicanas vayan por barco desde Haina, Manzanillo o Puerto Plata pues su liquidación en Puerto Príncipe o Cabo Haitiano resulta ser más eficiente. Desde hace tiempo hemos abogado por la idea de que las aduanas fronterizas entre nuestros dos países sigan el modelo europeo bajo el cual, en un mismo edificio, colocado en la raya fronteriza, de un lado opere la aduana dominicana y del otro la haitiana. Los papeles liquidando una exportación dominicana serían entregados de inmediato a la aduana haitiana, la cual liquidaría los impuestos de importación. La contratación de una empresa internacional experta en el tema, como la Compagnie Generale de Surveillance también ayudaría a transparentar esas operaciones. El sector privado dominicano debe de estimular el transporte por mar de mercancías hacia Puerto Príncipe y Cabo Haitiano desde Haina, Manzanillo y Puerto Plata, es decir un cabotaje, ya que el negocio fronterizo podrá seguir siendo afectado por la inestabilidad política en ese país.

En retrospectiva, así como fue correcta la decisión del presidente Abinader de restringir el paso de haitianos por la frontera y de exigir los datos biométricos para impedir que miembros de las bandas busquen refugio en nuestro país (ya dos líderes de las bandas fueron capturados cuando trataban de llegar a la República Dominicana), luce que fue un error su prohibición temporal de exportar a Haití, como un elemento más para presionar sobre el tema del canal. No solo no logró ese último propósito, sino que, lo del canal, de un proyecto regional devino en una consigna nacional. Pero también abrió los ojos a empresarios haitianos sobre las ventajas de importar productos desde otras fuentes y presionar para que se mantenga cerrada la frontera dominicana.