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DDespués de José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y de Donald Guerrero el próximo interés es el presidente Danilo Medina. Es la lectura que da al caso Operación Calamar
Después de José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y de Donald Guerrero el próximo interés es el presidente Danilo Medina. Es la lectura que da al caso Operación Calamar el comunicador Euri Cabral.
«Leyendo las motivaciones hay dos párrafos que demuestran que el interés tras la Operación Calamar es el presidente Danilo Medina porque lo acusan de manera directa».
En relación al cuándo, Cabral dijo que así sucederá no ahora, pero sí en un momento que estén más desesperados (refiriéndose al partido y equipo de gobierno).
Para Cabral la operación Calamar se trata de un caso con un fondo muy político con el que el Gobierno busca descreditar a Danilo Medina, al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y escoger así su contendor favorito para las elecciones de 2024: la Fuerza del Pueblo.
En ese sentido, entiende que el PLD debe dar una respuesta política y hacer una marcha masiva encabezada por el propio Danilo Medina en una de las sesiones de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en el país este viernes y el sábado.
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Sobre Operación Calamar
Se recuerda que el Ministerio Público puso en ejecución este sábado la Operación Calamar, como resultado de una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Como fruto de la operación, que incluyó unos 40 allanamientos, hasta el momento hay 19 personas bajo arresto, entre ellas tres exministros del círculo cercano de Danilo Medina: José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas y Donald Guerrero, exministro de Hacienda, que serán presentadas en las próximas horas ante los tribunales.
La investigación realizada por el Ministerio Público tomó varios meses debido a su alto nivel de complejidad.
El entramado de corrupción desmontado distrajo a los contribuyentes más de 19 mil millones de pesos y afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y a Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
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