Esta semana se cumplieron 50 años del derrocamiento del presidente Salvador Allende en Chile mediante un golpe de estado dirigido por el general Augusto Pinochet, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
El Gobierno de Allende (1970-1973) es considerado uno de los experimentos políticos y económicos más destacados del siglo XX en América Latina. El propósito era implementar un modelo socialista democrático, haciendo frente a numerosos desafíos económicos y políticos.
Para tal fin, promovió la nacionalización de sectores clave de la economía y la redistribución de la riqueza. Se nacionalizó la gran minería del cobre e importantes sectores industriales, y se expandió la participación estatal en la economía.
En cuanto a la redistribución de la riqueza, Allende implementó políticas de reforma agraria que buscaban expropiar grandes latifundios y redistribuir la tierra entre los campesinos. También se llevaron a cabo reformas en el sector financiero y se establecieron controles de precios y salarios para combatir la inflación.
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Según Sebastián Edwards, reputado economista chileno, el programa económico de Allende tenía dos componentes interrelacionados: la «recuperación» a corto plazo, y un paquete de reformas revolucionarias diseñadas para allanar el camino hacia el socialismo.
Edwards establece que el primer componente reflejó cinco ideas clave. Primero, la estructura monopolística de la economía significaba que había una amplia capacidad no utilizada en (casi) todos los sectores. En segundo lugar, se supuso que la demanda agregada respondería al estímulo fiscal y monetario masivo. Con estas políticas se buscaba apoyar a los hogares de bajos ingresos, al redirigir la producción de lujos hacia los bienes básicos consumidos por la clase trabajadora.
En tercer lugar, el gobierno de Allende creía que la forma más eficiente de lidiar con las presiones inflacionarias era a través de controles de precios generalizados y estrictos, incluido el control del tipo de cambio, y que la generosidad monetaria no afectaría la inflación. Según Edwards, se creía que grandes aumentos en el crédito del banco central podrían usarse para financiar reformas económicas.
En cuarto lugar, se supuso que la mayoría de las empresas ya tenían un «cojín de liquidez» compuesto por ganancias monopolísticas, lo que les permitiría absorber un aumento sustancial de los salarios; al tiempo que, los precios se fijaron o controlaron. Y, finalmente, el gobierno pensó que las amplias reservas extranjeras de Chile, acumuladas durante la administración anterior, le permitirían mantener un tipo de cambio fijo sin generar una crisis.
El segundo componente más revolucionario de la estrategia económica de Allende era, de acuerdo con Edwards, nacionalizar las minas de cobre de Chile y otros recursos minerales, así como sus bancos, grandes compañías comerciales, aseguradoras, entre otras empresas. Millones de hectáreas de tierras de cultivo debían ser expropiadas y transformadas en cooperativas o granjas estatales.
Con estas políticas, según el economista citado, se proyectaba crear un círculo virtuoso. Las industrias nacionalizadas aumentarían la producción rápidamente, generando un gran excedente que ayudaría a financiar la inversión en otros sectores, incluidas las viviendas para los pobres. Las minas de cobre recién nacionalizadas proporcionarían fondos significativos para financiar programas sociales. La reforma agraria resultaría en una rápida expansión de la producción de alimentos. Los controles de precios e intercambio mantendrían el control de la inflación, y los salarios más altos elevarían los ingresos entre los pobres. Y amplias reservas internacionales financiarían importaciones de alimentos y necesidades.
Sin embargo, las medidas adoptadas dispararon la inflación a tasas extremadamente altas, erosionando el poder adquisitivo de la población. A mediados de 1973, la inflación oficial anualizada había superado el 1000% en un contexto de desabastecimiento de productos. La expropiación de empresas y la expansión de la participación estatal en la economía enfrentaron al sector privado con el gobierno y produjo una disminución de la inversión.
La situación se agravó por la política deliberada de los Estados Unidos de boicotear al gobierno de Allende. No bien iniciado el gobierno, el presidente Nixon y su asesor principal Henry Kissinger, reunido con el director de la CIA Richard Helms y el Fiscal General John Mitchell se plantearon impedir la capacidad de Allende para gobernar. El objetivo era hacer que la economía chilena grite, según las notas de Helms. Lo lograron. Truncaron el proyecto.