Acercándose a su final el primer semestre del cuatrienio 2024-2028, los poderes del Estado dominicano, incluyendo el Judicial -rezagado en fallos definitivos sobre supuesta corrupción, permanecen bajo el fuego de críticas desde distintos sectores, lo que reafirmaría una vigencia de la libertad de expresión, si se quiere, pero también de los niveles de insatisfacción que llevan a preocupaciones por el futuro de la democracia y a que tienda a elevarse en la colectividad la preferencia por cualquier autoritarismo que augure soluciones a los problemas sociales. Más de un 20% de ciudadanos comulga con esa idea y un 27% ha avanzado hacia la indiferencia social y política.

Antecedentes de la pérdida de confianza en la formas convencionales de regir a los países se expresa en el vuelco hacia posiciones radicales de poder en una de las democracias más firmes, anteriormente, patente con Donald Trump de vuelta al solio en Washington, dando una idea del potencial de drasticidades y posibles retrocesos en ejercicios democráticos; como ocurrió con Bolsonaro en Brasil (felizmente regresado después a lo positivo) con Bukele en El Salvador y la estruendoso caída del Kirchnerismo (descendiente del peronismo en Argentina) que dio paso al ultra libertario Javier Milei que rompe esquemas. Fuera del robo de la voluntad popular perpetrado en Venezuela.

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Varias deudas con la colectividad nacional son altas, incluyendo permanentes negaciones legislativas a actualizar códigos como el Fiscal, el Civil y el Laboral, tres piedras angulares imprescindibles para el orden jurídico postergadas por vacilaciones de quienes tienen la sartén por el mango para hacer fluir las agendas. Con debilidades institucionales ante la inseguridad por arremetidas delictivas, con cárceles que fortalecen la criminalidad por no servir para la regeneración conductual, insistente apelación a ejecuciones extrajudiciales y el avance imparable de los feminicidas.

Con exiguos frutos a partir del 4% presupuestal para la Educación preuniversitaria que ya cumple doce años. Con atentados a los recursos naturales que recobran presencia a poco de aparentar frenados y que presagian que los cortadores furtivos para carbón y siembras industriales disminuirán sensiblemente la boscosidad de la sierra del Baoruco. Las dunas de Baní irían hacia una severa exigüidad con depredadores que van y vienen y la riqueza arqueológica de las Cuevas del Pomier sigue bajo amenaza por extracción minera de cantera.

Falta mencionar el cuento de nunca acabar: déficits del sistema eléctrico por fallas de cobranzas, robos del fluido sin sanciones que combatan la cultura de gratuidad y que propinan golpes duros a las finanzas públicas. Y esto no termina aquí.

La actual administración del Estado proyecta su política presupuestal para en este año dar menos respuestas a demandas sociales con inversiones públicas que mejoren infraestructural y productivamente al país en atención a su crecimiento poblacional y económico y así acrecentar el verdadero desarrollo y reducir la monstruosidad de un sector informal que rinde culto a la ineficiencia desde su extendida marginación.

La opción en marcha ha sido -según el analista Nelson Suárez– centrarse en un ajuste fiscal, post fracaso de la reforma ideal y contener la expansión del gasto sacrificando las inversiones de capital. Una reducción de RD$28,075.9 millones respecto del año anterior.

30 AÑOS DE AGRO FALLIDO

A pesar de su importancia social y económica, la agropecuaria dominicana ha estado disminuyendo su aporte al Producto Interno Bruto que era de un 8% hace diez años y que en mayo del 2024 fue de un 4.2 % (cifra de una publicación del Banco Central). La fundación ONG Codespa diagnosticó con anterioridad que en los últimos años el agro nacional ha seguido una tendencia desfavorable que debilita la capacidad productiva incluyendo la pecuaria.

Más de 242 mil dominicanos atados al campo y a dos millones y medio de hectáreas han estado bajo la repercusión de una baja rentabilidad de los cultivos, menores precios de venta y continuos aumentos de los costos de producción. El aludido agrupamiento de profesionales y expertos de diferentes disciplinas interesados en el desarrollo integral del país cree que, en alguna medida, ha identificado las causas de la declinación:

Entiende que «Un factor limitante para enfrentar los problemas de la baja productividad es la falta de financiamiento como consecuencia de las dificultades de muchos productores de cumplir con los requisitos del sector financiero. El acceso a financiamiento es clave para promover la expansión y la competitividad de los agricultores y ganaderos. Según fuentes oficiales, el sector agropecuario solo capta el tres porciento de la cartera de crédito vigente en República Dominicana. Recientemente medios de comunicación citaron a agricultores denunciando que «el Banco Agrícola presta dinero a tasa cero a personas que no son del área agrícola». Prontamente, la entidad negó la acusación.

Mientras, en páginas del periódico HOY del lunes 13 de enero, el consultor agrícola y maestro por décadas de la agropecuaria dominicana, Pablo Rodríguez, sostuvo que «durante los últimos 30 años de la era republicana han sido aplicadas en el país las mismas políticas sin solucionar a cabalidad ninguno de los problemas del sector».

METAS PENDIENTES

La llamada «lucha contra la corrupción» emprendida en el 2020 con un clima de Estado favorable a la transparencia y a la acción judicial creado por el gobierno entrante de Luis Abinader, ha sido vista por la organización de la sociedad civil Participación Ciudadana como colocada en una ralentización en el 2024: Sin definiciones para «Un total de casos que involucran fondos públicos por más de RD$56 mil millones de pesos, cifra que se acercaba a los mil millones de pesos» aprovechados para el enriquecimiento ilícito.

En documento para expresar su balance a la instrumentación de expedientes por alegados peculados, la entidad consideró comprobada «la limitada acción de organismos encargados de la fiscalización como la Cámara de Cuentas, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, el Congreso Nacional y la Contraloría General de la República».

El coordinador general de Participación Ciudadana, Erick Hernández Machado, ha llamado la atención afirmando que «tanto las audiencias preliminares como los juicios de fondos se ven obstaculizados por estrategias dilatorias que aplazan las audiencias por razones injustificables como supuestas enfermedades, compromisos sociales o viajes al extranjero».

Otros reclamos ciudadanos remiten a pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo que mantiene vigilancia sobre las persecuciones a delitos y crímenes que lleva a cabo la Policía Nacional de la cual ha solicitado más de una vez «llevar estadísticas sobre los casos de personas fallecidas en intercambios de disparos con agentes policiales con el objetivo de esclarecer cada incidente y garantizar la rendición de cuentas». Estimó que el cuerpo del orden debe prestar atención a que si bien los delincuentes deben recibir todo el peso de la ley, esto no justifica que sean abatidos mientras se encuentren indefensos.

“La Policía Nacional no está por encima de los derechos de nadie. Por lo tanto, debemos ser críticos de cualquier accionar que no respete los derechos humanos. Todo procedimiento debe regirse por el manual del uso de la fuerza”, enfatizó.

CLERO PREOCUPADO

Este no es un país hospitalario para ciudadanos vulnerables, lo que dio a entender el Epíscopado dominicano cuando en su habitual mensaje previo al Día de la Altagracia dijo estar preocupado «por las condiciones de pobreza y sufrimientos que vive el pueblo dominicano». Consideró imprescindible que en el país se renueve el compromiso con la justicia social, el desarrollo integral de cada persona y la protección a los más vulnerables.

«Nos inquieta sobremanera la situación de tantos dominicanos que viven en condiciones vulnerables expuestos al riesgo constante de caer en pobreza debido a las crisis económicas y los efectos del cambio climático». La Iglesia dijo reafirmar su misión de estar al lado de los más necesitados, de los marginados y de aquellos que sufren en su lucha por un futuro más digno y esperanzador y alertó sobre el impacto del alto costo de la vida en la sociedad dominicana.

Individualmente, y desde el púlpito de la Basílica de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte lanzó críticas a la situación de los inmigrantes en condición irregular que se dedican a actividades productivas y están siendo deportados. Se quejó también de las «precariedades del sistema de justicia y de la cantidad anual de muertos por accidentes de tránsito».