Por Pía Riggirozzi

Las elecciones en Estados Unidos han tenido lugar en un momento en el que la economía del país se está recuperando de la recesión pospandémica. De hecho, hay un crecimiento marcado por una tasa de alrededor del 3%, con una reducida inflación de 2% y un bajo desempleo, según datos del FMI. Sin embargo, las experiencias diarias de muchos votantes se vieron marcadas por tensiones financieras, especialmente con el aumento de los costos de alimentos, combustible, hipotecas y créditos. Esta desconexión ayuda a explicar la popularidad del presidente Trump, que ganó el voto popular debido a que la dificultad económica es una realidad. No obstante, durante la campaña electoral y en el mensaje de su primer discurso como presidente electo, se han reforzado las sentencias conservadoras sobre temas sociales clave, como el aborto y la inmigración, que impulsarán un peligroso sentido de lo urgente y necesario en política, nacional e internacional.

El resultado de estas elecciones tendrá impactos de gran alcance en la salud global y los derechos reproductivos, no sólo en y con las políticas de Estados Unidos, sino a nivel internacional, consolidando y legitimando una ventana de oportunidad para líderes conservadores y de derecha en todo el mundo. Esto se alinea directamente con los valores de los conservadores religiosos, que están ganando influencia en la salud internacional y se oponen a la expansión de las libertades reproductivas, mientras buscan desfinanciar y socavar organizaciones que trabajan con mujeres y en derechos de género y sexuales y reproductivos, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), entre otras.

Mientras tanto, la inmigración es un segundo frente donde la influencia de Trump es significativa. Ha prometido revivir y expandir las políticas restrictivas de inmigración de su primer mandato. Comprometido con una campaña de deportación sin precedentes, ha amenazado con desplegar recursos militares y diplomáticos para expulsar a inmigrantes indocumentados y ha utilizado términos deshumanizantes para referirse a ellos, comparándolos con una amenaza para el bienestar moral y la seguridad del país. Ha habido una retórica abierta en la que se enmarca a los inmigrantes indocumentados como una amenaza moral y criminal, especialmente para las “mujeres suburbanas”, lo cual ha atraído a algunos votantes latinos y mujeres blancas a través de una mezcla de discurso de miedo y una narrativa de seguridad.

En este panorama polarizado, la división ideológica en Estados Unidos refleja una tendencia global en aumento: una marcada división entre un nuevo populismo de derecha, fuerte y asertivo, y un progresismo debilitado. Estas elecciones impulsarán al primero mediante llamados conservadores a la seguridad y el orden por encima de los derechos y la inclusión, intensificando la reacción contra los derechos humanos y la solidaridad como pilares democráticos, con importantes repercusiones a nivel regional y mundial.

Además, la victoria de Trump también tendrá repercusiones significativas en la cooperación regional, especialmente en temas migratorios. Las relaciones entre Estados Unidos y México se tornarán tensas debido a los planes de Trump, que ha amenazado con imponer altos aranceles comerciales si México no refuerza el control migratorio. El presidente electo pretende que México actúe como principal “guardia” en la frontera. Este enfoque es parte de un esfuerzo más amplio de externalizar el control migratorio estadounidense a países latinoamericanos.

También será de relevancia estratégica la colaboración entre Panamá y Estados Unidos en materia migratoria, al tiempo que sigue viva la promesa del nuevo presidente panameño, José Raúl Mulino, de cerrar el Tapón del Darién, un paso crítico para los migrantes en su travesía hacia Norteamérica. Muchos y muchas de estos migrantes están en situación de migración forzada prolongada tras no recibir protección ni condiciones de integración en sociedades de acogida en América del Sur.

Mulino se ha alineado con posturas migratorias más duras y ha mostrado su predisposición para implementar fuertes controles fronterizos, respaldado por la presión y el apoyo logístico de Estados Unidos. Estas medidas incluyen la facilitación de deportaciones, lo que implica un compromiso con políticas restrictivas que podrían impactar en los derechos de los migrantes y aumentar el riesgo de violaciones humanitarias en la región, lo que intensificará tensiones diplomáticas y desafíos para la región.