El cambio más dramático y visible operado en el presente periodo constitucional se manifiesta desde la Procuraduría General de la República en su rol de persecución y lucha contra la corrupción, impronta estremecedora de los cimientos jurídicos, morales, económicos y humanos de la sociedad, que sacó a flote la mugre de Gobiernos anteriores, llevando ante la Justicia a exfuncionarios y personajes influyentes, que otrora era inconcebible fueran apresados.

Medusa, Antipulpo, Coral, Coral 5G, Caracol, Operación 13, Falcón, Operación Larva y, finalmente, Calamar, son apelativos agregados al vocabulario público, consignados para darle sonoridad titular a los voluminosos expedientes criminales sometidos a los tribunales, en los cuales figuran cientos de personas imputadas, miles de millones de pesos y dólares desfalcados al erario y el decomiso de propiedades supuestamente adquiridas dudosamente para defraudar al Estado.

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Tres aspectos sobresalen en el combate emprendido por el Ministerio Público. Primero, el apego irrestricto al Artículo 169 de la Constitución, que lo caracteriza como responsable para la implementación de la política del Estado contra la criminalidad, garantizando los derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos y regulando el funcionamiento del sistema penitenciario.

Segundo, la falta de evidencias para comprobar que el MP ha actuado influenciado debido a la intromisión del presidente Luis Abinader, quien, al designar en agosto del 2020 a la Procuradora General, Miriam Germán, y sus adjuntos, Jenny Berenice y Wilson Camacho, se comprometió a respetar el ejercicio independiente del Poder Judicial.

En ese accionar, el MP ha obtenido resonantes victorias, como la concedida por la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Janibet Rivas, quien envió a juicio de fondo a todos los imputados del caso Coral, al constatar la legalidad, utilidad y pertinencia de las 2000 pruebas presentadas por los fiscales.

En otro tenor, la PGR anunció el archivo definitivo contentivo de la investigación por acoso sexual de Janel Ramírez Sánchez, presidente de la Cámara de Cuentas, una decisión que concitó antipatías en los medios.

El tercer aspecto resaltable en la carrera anticorrupción es el desafío institucional que representa para el conjunto de la sociedad proyectado de cara al porvenir, y de qué manera se expresará en las urnas, pues enfrenta enemigos poderosos y detractores internacionales, pero también cuenta con una gran parte de la población que la respalda. Las urnas decidirán si ese MP, de rostro severo, continúa o se extingue.