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SAN SALVADOR— Consideradas como organizaciones terroristas desde 2015 por la Corte Suprema de El Salvador, las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 llevan 20 años generando zozobra en los salvadoreños, pese a las políticas de mano dura ejecutadas por los gobiernos de turno. Involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, Estados Unidos las incluyó en 2012 en su lista de organizaciones criminales internacionales.
La misma estrategia de persecución, amparada en un estado de excepción de nueve meses que suspende garantías constitucionales y que ha sido fuertemente criticada por violaciones de derechos humanos, fue la elegida por el presidente Nayib Bukele y la que le está generando réditos de aprobación popular como para plantearse la reelección en 2024.
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Las primeras huellas de la actividad de las pandillas se detectaron en los años 80. El Salvador vivió una cruenta guerra civil en la que el gobierno, apoyado por los Estados Unidos, combatió a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). La guerra que afectó a casi todos los salvadoreños con la extrema violencia y crueldad dejó un saldo de más de 75.000 muertos, unos 12.000 desaparecidos y más de medio millón de salvadoreños que emigraron.
En estos migrantes que buscaron escapar de la guerra, en su mayoría con destino hacia Estados Unidos, está el origen de las pandillas.
Los migrantes salvadoreños llegaron principalmente a la ciudad de Los Ángeles, California, donde encontraron un ambiente difícil. Para protegerse, muchos se incorporaron a la pandilla Barrio 18 que inicialmente estaba integrada solo por mexicanos.
Barrio 18 aceptó a los salvadoreños, de la que surgió la pandilla Mara Salvatrucha 13. Funcionaron como aliados y comenzaron a tener influencia en los barrios más pobres de Los Ángeles, pero con el pasar del tiempo se convirtieron en rivales.
La que comenzó como una pandilla mexicana, Barrio 18, se convirtió en centroamericana. Ya en El Salvador, en 2005, se dividió en dos facciones: Revolucionarios y Sureños.
El Salvador, considerado como uno de los más violentos del mundo, registró 6.656 homicidios en 2015, con una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ese indicador ha ido disminuyendo, según los reportes oficiales, en los últimos años. En 2021, terminó con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes y se estima que cerrará 2022 con una tasa menor a 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes y una cifra de homicidios de más de 600.
Las maras o pandillas están integradas por más de 76.000 jóvenes y adultos, en su mayoría son miembros de la Mara Salvatrucha. Se encuentran en barrios y comunidades populosas y según las autoridades están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.
Estructura interna
Las pandillas son dirigidas por lo que se conoce como ranfla nacional, una especie de organismo de decisión colectiva que rige todas las operaciones de la pandilla a nivel nacional e internacional.
Se dividen en clicas, que son células o grupos que tienen su propio nombre, sus palabreros o cabecillas de la clica y un número variable de integrantes. Los miembros de las pandillas son conocidos como ‘homeboy’.
Cronología de momentos clave
— 1992: tras la firma de los Acuerdos de Paz, que puso fin a 12 años de guerra en El Salvador el 16 de enero, Estados Unidos comenzó la deportación de salvadoreños que residían en ese país y habían sido condenados por diferentes delitos. Al regresar, muchos se unieron a grupos de jóvenes rebeldes y se organizaron hasta convertirse en sus cabecillas.
Los gobiernos de turno no les prestaron suficiente atención y aludieron que sólo se trataba de “jóvenes rebeldes” provocando desórdenes callejeros. Los operativos policiales se enfocaron más en combatir la delincuencia común, mientras las maras o pandillas crecían.
–23 de julio de 2003: inició la “guerra contra las pandillas” MS-13 y Barrio 18 cuando el presidente Francisco Flores (1999-2004) implementó el llamado Plan Mano Dura. Durante un año consistió en el despliegue de amplios y publicitados operativos policiales para realizar capturas masivas de pandilleros.
–30 de agosto de 2004: el presidente Tony Saca (2004-2009) lanzó el Plan Súper Mano Dura, que puso énfasis en la persecución penal de ambos grupos.
–20 de junio 2010: con una crueldad nunca vista hasta entonces contra la población civil, organizada como una venganza de la pandilla Barrio 18 frente a sus rivales de la Mara Salvatrucha, se apoderaron de un autobús en el municipio de Mejicanos, en la periferia norte de la capital. Lo desviaron a una zona solitaria, atacaron a balazos el vehículo, lo rociaron con gasolina y lo prendieron fuego con aproximadamente 32 personas dentro. Los que intentaron escapar fueron atacados a balazos y obligados a subir de nuevo. Murieron calcinadas 17 personas.
Casi a la misma hora de esa noche, otro microbús fue atacado a balazos asesinando a dos personas en Mejicanos. Las autoridades consideraron fue para distraer a la policía. Tres años después, 10 pandilleros fueron sentenciados a 66 y 400 años de prisión por el crimen.
–9 de marzo de 2012: tras las elecciones municipales y legislativas, con respaldo del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), los cabecillas de la MS-13 y Barrio 18 hicieron un pacto para disminuir las muertes por violencia. En esta época, se registraban 14 diarias.
Para facilitar el acuerdo y mejorar la comunicación entre los líderes y sus estructuras en las calles, las autoridades los sacaron del penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz y los enviaron a otras cárceles de mediana seguridad en las que, según se criticó en su momento, gozaron de facilidades para seguir operando.
Los homicidios se redujeron hasta a cinco por día, pero las cifras despuntaron cuando la tregua se rompió en 2013 tras la remoción del ministro de Justicia y Seguridad Pública por orden de la Corte Suprema. Las nuevas autoridades retiraron beneficios a los pandilleros presos.
–11 de octubre de 2012: la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha en su lista de organizaciones criminales internacionales.
Fue la primera vez que se otorgó esa denominación a una pandilla, que está extendida por otros países de Centroamérica y varios estados de Estados Unidos.
–1 de junio de 2014: el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén asumió el poder en El Salvador (2014-2019) y las pandillas incrementaron las acciones de violencia para presionar una negociación, pero el gobierno cerró toda posibilidad de tregua.
–24 agosto de 2015: la Corte Suprema salvadoreña concluyó que la MS y la Barrio 18 son grupos terroristas, para que los tribunales puedan imponer a los pandilleros penas severas de hasta 60 años de cárcel.
–Abril de 2016: luego de una matanza de 11 trabajadores que estremeció al país y que las autoridades atribuyeron a las pandillas, el gobierno decretó estado de emergencia en siete cárceles y aisló a los cabecillas de las organizaciones.
–27 de julio de 2017: el presidente estadounidense Donald Trump se comprometió a “destruir” a la MS-13 porque, dijo, es “particularmente violenta”.
–15 de febrero de 2018: la “Operación Cuscatlán” se convirtió en uno de los golpes más importantes que las autoridades asestaron a las finanzas de la MS-13.
Más de 1.500 policías de las fuerzas especiales, acompañados de fiscales del Ministerio Público, intervinieron negocios como los locales de carros usados, restaurantes, bares, salas de belleza, cervecerías, viviendas particulares, lujosos ranchos de playa y hasta una empresa del transporte colectivo que presuntamente funcionaban con dinero de la pandilla MS-13.
En el operativo, las autoridades incautaron 27.000 dólares en efectivo, 194.000 dólares en cuentas bancarias, 63 vehículos y 14 inmuebles.
–20 de junio 2019: a pocos días de asumir el poder, el presidente Nayib Bukele (2019-2024) ordenó el despliegue de la policía y del ejército en las zonas comerciales del centro histórico de la capital y otros municipios del interior afectados por la presencia y extorsión de las pandillas.
–7 de octubre de 2019: en un juicio histórico en El Salvador, unos 17 cabecillas de la MS-13 y otros 400 pandilleros de esta estructura fueron procesados por homicidio, tráfico de armas y pertenecer a organizaciones terroristas. Recibieron sentencias de hasta 60 años de prisión.
— 27 de marzo 2022: un día después de registrar 62 homicidios en el país, el Congreso controlado por el partido Nuevas Ideas de Bukele, decretó el estado de excepción que limitó la libertad de asociación, suspendió el derecho a ser debidamente informado de las razones de la detención y la asistencia de un abogado. Además, amplió de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permitió a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes se consideran sospechosos.
El gobierno salvadoreño declaró la guerra a las pandillas y lanzó una persecución contra estructuras criminales con un despliegue de soldados y policías en barrios y comunidades populosas, bastiones de las pandillas. Sin ninguna restricción legal, fueron de puerta en puerta, sacando arrastrados a cientos de personas que, supuestamente, eran considerados pandilleros o colaboradores de estas estructuras criminales.
En nueve meses de régimen de excepción, según la información oficial, han capturado a 60.000 integrantes de pandillas, entre ellos, 8.000 jefes de clicas o grupos de la Mara Salvatrucha y de Barrio 18.
–2 de octubre 2022: más de 2.000 soldados y un millar de fuerzas especializadas de la policía, cerraron por completo el municipio de Comasagua para perseguir a los miembros de una facción de la Mara Salvatrucha, después del asesinato de un campesino de la zona.
En la carretera de acceso a Comasagua, ubicada a 29 kilómetros al sureste de San Salvador, se realizaron minuciosos registros de las personas que entraban y salían del lugar con el fin de identificar y localizar los sospechosos.
Después de 48 horas de patrullajes, capturaron a 50 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, entre ellos los responsables del asesinato del campesino.
–3 de diciembre 2022: más de 10.000 efectivos de la fuerza armada y de la policía,, apoyados por fuerzas elites de seguridad, cerraron por completo la tercera ciudad más poblada de la periferia de San Salvador para perseguir a los miembros de las pandillas que seguían operando en la zona.
Después de tres semanas de operativo en Soyapango, se informó de la captura de 500 miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha.
