A este gobierno, que prometió hacer las cosas de manera diferente, no le luce ni le conviene hacerse el desentendido con la denuncia de una exempleada del Ministerio de Educación de que en esa institución se está cobrando a los desvinculados un 30% para entregarles los recursos que les corresponden por concepto de cesantía.

El abogado de la mujer, quien el pasado martes depositó la denuncia ante la Pepca, explicó que esa exigencia no solo se la están haciendo a su defendida sino a todos y cada uno de los 39,500 empleados desvinculados junto a ella, calculando que los que dirigen la supuesta operación mafiosa pretenden llevarse ”entre las uñas” 1,185 millones de pesos, chelitos mas chelitos menos.

Por eso preocupa que al momento de escribir esta columna no se haya producido una reacción en el Minerd, sea para negar una denuncia tan grave, o para decir, aunque solo sea para salir rápido del mal paso, que se dispondrá una exhaustiva investigación.

Sería la reacción normal, esperable, de una institución que por su relevancia no puede permitirse el lujo de que una denuncia de esa naturaleza cobre cuerpo en la opinión pública, que aprendió de la experiencia que los políticos son capaces de todo cuando llegan al poder.

Es probable, para darle el beneficio de la duda a quienes dirigen Educación, que esa falta de reacción oportuna sea parte de un problema mayor que el gobierno, cumplido ya su primer año, no ha podido resolver de manera satisfactoria, como lo son las recurrentes falencias y omisiones en su política de comunicación.

Aunque tratándose de un asunto tan serio no hay excusa o pretexto que valga, a menos que la denuncia de esa mujer sea cierta y en el Minerd, cogidos fuera de base, no saben ahora qué decir ni qué responder.