Sin el apoyo explícito y de identificación plena del presidente Luis Abinader a la cabeza de un oficialismo acreditado de moderno con nombre y todo, avanza hacia la condición de causa perdida la inclusión en el Código Penal de las causales excepcionales para interrumpir el embarazo reclamadas como derecho a la sobrevivencia y dignidad de la mujer. Cuentan además con elevadas posibilidades de pasar a regir a los dominicanos con vigencia jurídica artículos de la legislación en proyecto que notablemente alarman amplios sectores que se sentirían lesionados.

De un lado, diversas organizaciones de trayectoria cívica levantan bandera para demandar que el presidente Luis Abinader esté listo para vetar el proyecto de Código Penal en curso de aprobación, como lo hicieron antes dos primeros mandatarios, si sigue prefiriendo no pararlo en seco desde ahora.

Se trata de un texto que, entre otros puntos, limitaría debilitantemente a 20 años la vigencia de expedientes por corrupción; exoneraría a miembros de las iglesias de responsabilidad penal por delitos; sacaría de la justicia ordinaria a militares y validaría discriminaciones con ambiguos criterios sobre la religión y la moral.

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Desde una militante contraparte persiste la defensa de la vida como inviolable desde las entrañas del vientre materno invocando a la Constitución porque se entiende que consagra ese respeto; con el arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, sosteniendo que la opción de las tres causales implicaría aprobar la pena de muerte. Y el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, planteando en el debate que: “el embarazo no deseado es una realidad compleja y dolorosa que debe abordarse con un programa provida y profamilia responsable y no con una salida deshumanizada como el aborto”.

Contra esa posición opuesta a la interrupción del embarazo por causas excepcionales y de claro respaldo al controversial código, los entes que las favorecen regresan al ruedo atribuyendo al proyecto de código: “desproteger a la niñez al fallar en castigar de manera efectiva las agresiones a niños y niñas con fines de combatirlas; desproteger a las mujeres favoreciendo a violadores al tipificar de manera distinta la violencia sexual si la ejerce la pareja; y desproteger a toda la familia excluyendo a las tres causales sin las cuales la vida y salud de las mujeres corren peligro”.

Congreso rebate

Desde la fragua que son las cámaras congresuales de la que saldría airoso o derrotado el controvertido documento legislativo, sus presidentes Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos se hicieron escuchar durante la semana con garantías de seguir consensuando posiciones sobre el Código y todos los proyectos de fines penales: “porque los intereses del país siempre estarán por encima de todos. Seguiremos legislando por los intereses del país y la sociedad dominicana y no a favor de un partido en particular”, dijo De los Santos hablado en nombre del PRM.

Mientras De los Santos afirmaba que “la labor de los legisladores es trabajar, robustecer e impulsar el sistema democrático de República Dominicana”, Pacheco se pronunciaba desde su mando de la cámara baja en alusión a algún texto periodístico que a su criterio aplicaba un tratamiento de “ignorantes que no leen” a los diputados. Sostuvo que el proyecto del Código Penal es una de las iniciativas que “más se han leído en el Congreso; más de diez veces”. Consideró que los legisladores “no se merecían los titulares injustos de la prensa en ese momento” en los que alegarían que en la cámara baja no se leyó el proyecto.

Argumentó que los reglamentos facultan a los legisladores a aplicar un procedimiento de “liberación de lectura” que sirve para agilizar iniciativas retrasadas y que todos los proyectos son leídos en comisiones y en las sesiones. En ese mismo orden De los Santos garantizó que el Senado continuaría con el ritmo de trabajo que ha llevado siempre y anunció que habría una próxima sesión para dar seguimiento “a todos los proyectos de ley que han llegado a la cámara alta y que están pendientes de ser aprobados”.

MAS DISCREPANCIAS

En estas dilucidaciones a veces vehementes el Congreso quedó tildado de superficial por la organización civil Participación Ciudadana que entiende que ha dado un tratamiento benigno mediante las penas a los delitos de corrupción al no tipificarlos tomando en cuenta los daños que se le atribuyen. Advirtió con severidad que República Dominicana se encuentra en el lugar 28 de 180 países en índice de percepción de la corrupción.

En el pasado abril la organización opinó que “el flagelo de la corrupción afecta a todos, socava la democracia y el estado de derecho, facilita las violaciones de los derechos humanos, menoscaba la calidad de vida de las personas y permite la aparición de la delincuencia organizada”.

“El control de la corrupción es una cuestión fundamental para el desarrollo humano y la gobernabilidad democrática; es un deber encararla a través de las políticas públicas ya sea de carácter preventivo como la adopción de medidas de transparencia, competencia y criterios objetivos en la contratación pública”.

Alegó otros vacíos de controles institucionales sobre comportamientos antiéticos y de mejores disposiciones para fiscalizar sistemas contables con auditorías con claras identificaciones de los tipos penales vinculados a la corrupción.

LA OTRA CARA

Aunque la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, consideró positivo que el presidente Luis Abinader reafirmara en más de una ocasión pasada su compromiso con el sexo femenino y sus derechos a la salud integral y a las decisiones sobre su cuerpo, ha tenido después que permanecer en primera fila en reclamo de suprimir la penalización absoluta del aborto. La considera un “grave problema social, de salud pública y de violencia contra las mujeres”.

Recordó y trajo al primer plano que el jefe de Estado: “hizo el compromiso de un gobierno del cambio, el cual empieza por dar respuesta a los problemas en un contexto de institucionalidad y de respeto a los derechos y a la salud de las mujeres, “sin aplazarlos”. Existen suficientes evidencias que indican que la penalización absoluta del aborto, no contribuye a disminuir su ocurrencia, razón por la cual las tasas más altas son justamente en los países con leyes más restrictivas, como es nuestro caso”. agregó

Citó la “Encuesta de Opinión Pública” aplicada en el 2018 que puso en evidencia que el 79% de las personas encuestadas en el país consideraban que el aborto no debería estar penalizado cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo y el 76% justificaba las causales cuando el embarazo no es viable. El 67% lo acepta cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto.

LO QUE FALTARÍA

Sin economizar reconocimiento a los aspectos positivos del proyecto del Código Penal que resurgió del Senado aprobado con las lecturas que corresponden, la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, llegó hasta la Cámara de Diputado con un documento en el que directamente señaló “la necesidad de ponderar la revisión de las tres causales para el aborto”. Lo planteó como una observación crítica antes de que los legisladores de ese hemiciclo pudieran emitir un pronunciamiento definitivo sobre un texto legislativo que tiene significativamente dividida a la sociedad dominicana tras básicamente revelarse controvertidas agregaciones al contenido.

Se declaró en favor de que sea reconocida: “la importancia de actualizar la legislación penal para reflejar los cambios de época y, principalmente, prevenir eficazmente los delitos y enfatizar la necesidad de definir con mayor precisión la tipificación de la violación y la agresión sexual, para proteger mejor a las víctimas”.

En respaldo a estos criterios, el Ministerio de Salud Pública reveló su estimación de hace poco tiempo de que en República Dominicana cada año aproximadamente 25 mil mujeres adolescentes y niñas son atendidas por complicaciones vinculadas a abortos espontáneos o inducidos, causando entre el 8% y 13% de las muertes maternas. Un aura muy fatídica es la que circunvala la prohibición absoluta de la interrupción de los embarazos.