El trato “humillante” de una doctora a un enfermo crónico que pedía la incapacidad permanente: “Tú aquí has venido a mentirme”

• Carlos Solas cuenta a ‘Infobae España’ su experiencia ante la valoración del tribunal médico de la Seguridad Social, que define como “inhumana”.

Carlos Solas llevaba desde los tres años con una pelota de tenis en la mano, pero la aparición de una enfermedad crónica le obligó a colgar la raqueta y dejar su trabajo como profesor de este deporte. Fue en 2009, a sus 19 años, cuando comenzaron los primeros episodios. “Estaba comiendo tan tranquilo y me atraganté. De ahí, empezaron los atragantamientos más constantes, más seguidos y más peligrosos”, relata a Infobae España.

Tardó 13 años, pero por fin obtuvo un diagnóstico: esofagitis eosinofílica. Esta enfermedad viene determinada por el envío equivocado de unos glóbulos blancos, los eosinófilos, al esófago, lo que provoca inflamación, problemas para tragar y el atascamiento de comida en la garganta. “El cuerpo cree que o bien los alimentos o bien el ambiente puede ser perjudicial para nosotros. Entonces manda esas defensas y lo que provoca es que no podamos comer en condiciones”, explica Solas.

El joven de 35 años se ha convertido, gracias a su activismo en redes sociales, en la cara visible de la enfermedad, a la que le acompañan otra serie de patologías a causa del diagnóstico tardío. Por ello, ha decidido solicitar la incapacidad en la Seguridad Social, pero está seguro de que el tribunal médico se la denegará. Según ha denunciado en su cuenta de TikTok, sufrió un trato inhumano durante la valoración médica de la Seguridad Social: “Fue un maltrato desde el primer momento. Me sentí humillado”, afirma.

Un equipo de médicos que no le vale a la Seguridad Social

Solas viaja cada dos semanas de Almería a Madrid para recibir atención médica. En estos años, le han visto médicos internistas, digestivos, neurólogos, psicólogos, reumatólogos y otorrinos. Y es que el joven sufre varios problemas de salud asociados a su esofagitis: a causa del estrés, ha empezado a tener migrañas y vértigos fuertes; de hecho, hace tres años le diagnosticaron la enfermedad de Menière (anomalía en el oído interno). Además, la falta de alimento le provoca pérdidas de fuerza. En los últimos meses, sus médicos le han detectado un trastorno neurológico funcional y una posible enfermedad reumatológica.

Por el momento, no han sido capaces de localizar el alimento que le provoca esta dolencia, pero el retraso en el tratamiento ha hecho que pase por tres dilataciones de esófago en menos de un año y se encuentre en camino de la cuarta. “Una parte de mi esófago lo tengo a nueve milímetros, se me queda la comida ahí”, comenta. Por todo ello, tiene reconocida una discapacidad del 49%.

“Tú aquí has venido a mentirme”

A Solas le avisaron con una semana de antelación de cuándo se produciría la exploración de la médica del Instituto de la Seguridad Social. En este tiempo reducido, le era imposible pedir cita para conseguir todas las evaluaciones de los facultativos que le habían atendido, así que remitió a la doctora todos los informes que sabía que no tendría a su alcance, al no haber registro en su carpeta de salud.

Al llegar a la cita, se sintió juzgado desde que entró por la puerta de la consulta. “Ella pensaba que yo estaba de baja por debilidad en los miembros inferiores y superiores y le dije que no”. Empezó a narrarle todos los motivos por los que había solicitado la incapacidad, pero la doctora puso cada parte de su diagnóstico en duda.

Primero, su esofagitis eosinofílica que, según la médica, tendría que tener controlada, “lo cual quiere decir que no se leyó mi informe, que yo le había mandado y que están colgados en la Seguridad Social”, señala Solas. “Le expliqué que sí, que a la mayoría de personas se le encuentra un alimento desencadenante y lo controlan, pero no era mi caso”, comenta. Pero ella “puso en entredicho” su relato.

Prosiguió mostrando su enfado con el almeriense por no haber recopilado todos los informes en una semana. “Le pregunté si ella no tenía acceso a la información y me dijo ‘claro que sí, pero es que es mucho follón mirarlo’”, cuenta. La médica le echó en cara, igualmente, que no siguiese las recomendaciones del digestivo de ir al logopeda, algo que Solas no se puede permitir. “Yo me gasto dinero en nutricionistas, en el psicólogo privado, en venir a Madrid cada dos semanas… Me gasto dinero en muchísimas cosas, lógicamente tengo que priorizar”, defiende.

La gota que colmó el vaso para él llegó con la exploración física: la sanitaria le pidió que intentase tocar con su pulgar la base del meñique, pero Solas no podía. “Pero bueno, tú has venido aquí a mentirme”, le soltó la doctora. El joven estalló en ese momento y le pidió “un poco más de humanidad” en el trato, comentario que no sentó nada bien a la médica, que dio por concluida la evaluación de su incapacidad.

Más de la mitad de las solicitudes de incapacidad se rechazan: “Es un filtro perverso”

A pesar de las incontables evaluaciones médicas que ha experimentado Solas, tiene claro que le rechazarán la incapacidad. No es extraño, pues alrededor del 53% de estas peticiones son denegadas, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Sin embargo, desde el bufete especializado Fidelitis calculan que este porcentaje se acerca más al 90% del total.

“El gran problema con que nos encontramos es que la Seguridad Social mete en el mismo saco a aquellas personas que mienten y/o exageran para solicitar una pensión por incapacidad laboral permanente y a aquellas que realmente no pueden seguir trabajando a causa de las secuelas y limitaciones de sus patologías. Los médicos evaluadores, en un porcentaje altísimo, piensan justo eso, que les estamos mintiendo o exagerando y, obviamente, eso hace que la evaluación deje de ser totalmente objetiva”, explica a Infobae España Lorenzo Pérez, presidente de Fidelitis.

Según el abogado, “el filtro que está aplicando la Seguridad Social es un filtro perverso, en el que su reflexión es ‘ya reclamará quien realmente no pueda trabajar’”. Pero no todo el mundo es consciente de que puede acudir a los juzgados y los que lo saben no siempre se lo pueden permitir. Pérez calcula que el proceso, de media, ronda los 2.000 euros por cliente, “de ahí que más del 70% de las solicitudes que se deniegan no lleguen a la vía judicial”, afirma. En Fidelitis, han decidido no cobrar sus servicios jurídicos salvo que se consiga la incapacidad, momento en el que se pide un pago en función de la pensión obtenida.

“Yo lo tengo claro, lucharé, iré a juicio, haré lo que haga falta para luchar por mi derecho”, asegura Solas, que lamenta que “la única manera de ganar la incapacidad” sea “a base de juicios”. Pero para él, lo más importante es que se trabaje por mejorar el trato al paciente. “Creo que hay que saber distinguir entre decir ‘no’ a tratar mal. Sí se puede decir ‘no’ tratando bien. Es lo único que quiero”, asegura.

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