J. Luis Rojas 
A juzgar por los resultados y los hechos, parecería que la planificación estratégica y la gestión inteligente han estado ausentes en los distintos esfuerzos fallidos, que desde los contextos público y privado se han socializado e implementado, tratando de establecer mecanismos eficientes y sostenibles para regular y supervisar la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en República Dominicana.
Después de tantos esfuerzos fallidos por organizar el transporte llega la Ley 63-17, la que hay que conocer, difundir y aplicar cada una de sus disposiciones.
Los países que han asumido la industria turística como parte de los ejes estratégicos de su desarrollo, tratando con ello de crear riquezas para asegurar el bienestar económico y social de sus habitantes, saben que al margen de un sistema de trasporte eficiente, entre otros requerimientos, es casi imposible ser competitivo en dicho mercado.
Es ahora o nunca cuando todos los sectores vinculados directa o indirectamente al turismo, tienen que unir sus ideas, esfuerzos, intereses y creatividad para humanizar y optimizar el transporte público y privado en República Dominicana.
Sin dudas, un país con probada vocación y alto potencial turístico, no puede continuar dejando la regulación y supervisión de la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial en manos de inexpertos y de sectores que muy poco les importa la imagen de marca país.
En definitiva, es ahora o nunca cuando hay que aplicar sin privilegios las disposiciones establecidas en la nueva Ley 63-17, con la que se pretende integrar y gestionar todos los medios y modalidad de transporte terrestre nacionales e internacionales, a los propietarios, operadores, pasajeros, carga, circulación de vehículos y en cualquier actividad similar en el territorio nacional.
