J. Luis Rojas 
La organización del transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial son parte de los eslabones que forman la cadena de valor de un país. Sin dudas, el crecimiento económico y el buen posicionamiento de la imagen pública de las sociedades son aspectos que se relacionan directamente con la calidad y operatividad de sus sistemas de transporte. En todas partes del mundo, la arrabalización y la desorganización del tránsito, son tipificados como barreras que limitan la productividad y competitividad de los pueblos.
Hablar de competitividad y desarrollo sostenible en un país como República Dominicana, donde la mayoría de sus ciudadanos y empresarios vinculados al negocio del transporte carecen de educación vial y violan continuamente las señales y disposiciones de tránsito, es como pintar pajaritos en el aire. La forma anárquica en que opera el sistema de trasporte no le hace nada bien a la productividad e imagen pública de los tres grandes sectores que sustentan la economía dominicana: servicios, industrias y agropecuaria.
Hay que apelar al poder misericordioso de Dios y a la tolerancia de los que nunca les ha interesado que existan reglas claras en el sector transporte, para que permitan el cumplimiento de la Ley 63-17, la cual tiene como objetivo principal regular y supervisar la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial. Además, dicha ley crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), como órgano encargado de darle cumplimiento a las disposiciones establecidas en la misma. Por ejemplo, el Intrant otorgará a cada conductor una cantidad de puntos, que los conductores irán perdiendo a menudo que tenga un accidente o cometan una infracción o falta, lo que luego conllevaría la suspensión o cancelación de la licencia. ¿Cuándo será qué Intrant hará cumplir las disposiciones establecidas en la Ley 63-17?
