J. Luis Rojas 
J. LUIS ROJAS.
Cuando el liderazgo político, corporativo y laboral de un país se empecina en hacer todo cuanto haya que hacer para incidir y controlar las funciones, decisiones y actuaciones de los poderes que sustentan la estructura del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pretendiendo con ello legitimar sus malas prácticas y proteger sus intereses particulares y los de sus allegados, es imprescindible que la ciudadanía se empodere y actúe como Tribunal Social.
En las sociedades donde la decisión de elegir a las personas que gestionarán las instituciones que tienen la responsabilidad de elaborar leyes justas, aplicar justicia sin importar el estatus económico del imputado, asegurar el uso transparente de los recursos públicos y organizar elecciones libres y democráticas, está directamente vinculada con los intereses y ambiciones de los líderes políticos, empresariales y laborales, no hay ninguna posibilidad de que se respeten los derechos de los ciudadanos.
Cuando los jueces y fiscales del Poder Judicial de un país son seleccionados por el dedo corruptor del poder político y corporativo de un país, es casi imposible aplicar el imperio de la ley a los que usan las organizaciones políticas, económicas y sociales para garantizar su impunidad. Se ha comprobado que las veces que la justicia no cumple con su rol, por la razón que sea, entonces el tribunal social condena a los liberados por los jueces. La condena social se manifiesta a través del surgimiento de una opinión pública negativa, la cual enjuicia las malas prácticas y acciones de aquellas organizaciones políticas, empresariales y sociales que logran evadir el peso de las leyes. Existen ocasiones en las que algunas empresas, instituciones y personas incurren en violaciones a las leyes, y gracias a su poderío político y económico logran persuadir a los jueces para que éstos no apliquen el peso y el espíritu de la ley.
