Garantizar la sostenibilidad, la transparencia, la equidad, la confianza y la ética en la toma de decisiones, son posiblemente las razones más relevantes por las que hoy muchas organizaciones han decidido conducirse bajo el enfoque de gobierno corporativo.

En este ámbito, el concepto de gobierno corporativo se refiere al conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de la empresa, como son: los accionistas, directorio y la alta administración.

Los mecanismos formales e informales del gobierno corporativo, no toleran las malas acciones provenientes de los miembros de sus respetivos órganos.

Además, el gobierno corporativo es el marco de normas y prácticas, que se refieren a las estructuras y procesos para la dirección de las compañías, por el cual, un consejo de administración asegura la rendición de cuentas, la equidad y la transparencia en la relación de una empresa con todas sus partes interesadas (el directorio, accionistas, clientes, empleados, gobierno y comunidad).

Los principios y valores que sustentan el enfoque de gobierno corporativo, también aplican para gestionar correctamente los procesos, las estructuras y las funciones de muchas de las instituciones pertenecientes al Estado.

Por ejemplo, las que tienen como administrador a un CEO, que es nombrado por el Poder Ejecutivo y un Consejo o Junta de Directores tripartito, pudiesen operar tomando como punto de referencia las normas y filosofía que rigen la conducta del gobierno corporativo. Sin lugar a duda, sería un gran logro el hecho de que las agencias públicas fuesen gestionadas a partir de los criterios de gobierno corporativo.

Para evitar el ajetreo a los representantes del Ministerio Público, es recomendable que tanto los administradores como los directivos de instituciones que operan con dinero público, conozcan y apliquen los fundamentos éticos de gobierno corporativo.

A juzgar por los hechos, podría afirmarse que las huellas de la cultura de gobierno corporativo, en la mayoría de las entidades públicas locales, no existen.

Esto así, debido a que la calidad humana, ética y profesional, así como los conflictos de interés de los que administran, controlan y vigilan las operaciones de las instituciones públicas, tronchan la posibilidad de que éstas funcionen con transparencia, sin corrupción y libres de tráfico de influencias.