Mónica Moura, esposa del publicista brasileño Joao Santana, ambos condenados en Brasil, ha negado bajo juramento ante el juez federal Sergio Moro, responsable de las investigaciones del insólito caso Petrobras, que la empresa Odebrecht financió las campañas electorales del Presidente Danilo Medina. Tampoco, aseguró, lo hizo en Argentina. En cambio, declaró que Odebrecht sufragó ilegalmente las campañas presidenciales de Dilma Rousseff, y que pagó las dirigidas por su marido en Panamá, Venezuela, Angola y El Salvador.
El Comité Político del PLD expresó públicamente su complacencia, mientras la oposición, y sus comentaristas, tratan de desvirtuarla. Al parecer, ciertas personas deliberadamente se incapacitan para comprender los alcances, tanto jurídicos, políticos y personales, de una declaración dada bajo juramento ante un juez, así como los riesgos que conlleva mentirle a un tribunal. Indudablemente, si la señora Moura hubiera jurado lo contrario, hubiese tenido que aportar las pruebas condignas, que, obviamente, son inexistentes, y la situación de Medina estaría comprometida. Afortunadamente, este no es el caso, sobretodo porque el valor de su juramento sirve para negociar la disminución de su condena a ocho años de cárcel, y si incurriese en perjurio las consecuencias serían devastadoras para ella y su consorte.
Algunos ignoran que el perjurio es la acción de perjurar o perjurarse, que es en derecho el delito de jurar en falso. Se llama perjuro aquel que jura en falso, que quebranta el juramento que ha hecho. En Roma, el perjuro debía consagrar a Júpiter su persona, familia y bienes. En Francia, en tiempos de Carlomagno, a los perjuros se les cortaba la cabeza. En el derecho moderno, la violación de juramento hecha en juicio se castiga con penas privativas de libertad o multas.
Así de seria ha sido la declaración de Mónica Moura.