Tirso Mejía Ricart 
Una de las escasas conquistas políticas que alcanzó la sociedad en el postrujillismo, luego de luchas contra el despotismo, fue lograr que ciertas normas se respetaran dentro de los partidos y la organización electoral.
Estos avances fueron el registro y carné electoral, la estricta supervisión por los partidos del proceso electoral, elecciones presidenciales separadas de las congresuales y municipales, la descentralización de los colegios y juntas electorales, elecciones primarias para la mayor parte de los candidatos y el voto preferencial. También configurar procesos transparentes en la elección de representantes ante los poderes.
Todo eso está siendo destruido bajo la impronta del despotismo apenas disfrazado por una palabrería hueca y miles de millones de pesos gastados en publicidad.
Si se hubiera aplicado la Ley 286-04 de Elecciones Primarias, simultáneas para los partidos mayoritarios todo este festival ominoso de compra de candidaturas, decisiones de cúpulas reducidas, “mandatos” personales, transfuguismo y violencia desenfrenada en que ha derivado el proceso electoral no se estuviera produciendo, lo que no tiene paralelos en todo el continente americano.
No hace falta eliminar el voto preferencial. Basta con que se celebren primarias que trasladen el voto preferencial hacia dentro de los partidos, y que sus resultados determinen el orden en que deben ir los candidatos en listas cerradas.
Lo del senador se resolvería sencillamente haciendo que se vote separadamente por este en la misma boleta y que se pueda votar por partidos diferentes, como manda la Constitución. De la misma manera, las candidaturas femeninas se resolverían en las Primarias, asignándole por lo menos a una mujer de cada tres entre los más votados. Es claro que para eso hay que modificar la Ley Electoral 275-97.
Ahora sale el Senador por San Cristóbal con que hay que aprobar la Ley de Partidos Políticos después de las elecciones; como si no hubieran sido suficientes 18 años para aprobarla, si hubiera voluntad política para ello.
Pero lo que más se necesita es una Ley Orgánica Electoral, como manda la Constitución desde el 2010 que establezca la transparencia real de los procesos electorales, autonomía funcional de las juntas municipales y colegios electorales, una fiscalía electoral independiente que evite la compra de votos o cédulas y los fraudes; que se controle en forma colectiva las inscripciones; que permita se cuenten los votos en casos de contradicciones; y el voto en el exterior, y el uso equitativo de los medios de comunicación, entre otras cosas. Por todo eso es que hay que luchar.
Mientras tanto, hay que hacer una vela activa para defender el voto el próximo 15 de mayo… con participación internacional…
