Ninoska Cuevas 
El Ministerio Público establece que el empresario Fausto Reyes Tejada, hallado enterrado debajo de una pequeña piscina en el patio trasero de una residencia ubicada en el sector Villa Francisca II, provincia La Vega, fue asesinado a golpes en una cabaña de su propiedad, luego de regresar de un restaurante.
Indica en la solicitud de medida de coerción contra Edwin Alberto Holguín Robles y Anderson Lorenzo Alcántara, que la autopsia preliminar realizada al cuerpo de la víctima por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), reveló que Reyes Tejada murió debido a trauma contuso craneoencefálico y facial severo, lo que evidencia una muerte violenta.
El documento detalla que los imputados introdujeron el cadáver del empresario en la maleta que fue encontrado, y lo trasladaron a la vivienda de su victimario, en la camioneta Nissan, modelo Frontier, color blanco, año 2018, propiedad de la víctima.
El MP afirma que Holguín Robles, a quien entrevistaron en varias ocasiones, confesó el homicidio y el ocultamiento del cuerpo del hombre de 51 años.
«El imputado reveló que el desaparecido se encontraba enterrado en el patio de su residencia en el sector Villa Francisca, donde el Ministerio Público, al realizar un allanamiento, encontró el cuerpo sin vida de Reyes Tejada, dentro de una maleta, sepultado debajo de una pequeña piscina que había construido Holguín Robles», dijo el órgano acusador.
Además, añade que al vinculado Lorenzo Alcántara, se le ocupó, dentro de una nevera, un teléfono celular marca Samsung, color gris, propiedad del hoy occiso.
También un suéter color verde, un pantalón jean de hombre, con algunas manchas rojas, un par de chancletas color negra, marca Nike, un par de tenis color marrón, que supuestamente fueron utilizados por el imputado, Holguín Robles.
«El Ministerio Público recuperó doscientos cincuenta mil (RD$250,000.00) pesos, propiedad del occiso, que el imputado Holguín Robles había entregado a una persona para que se los guardara», agregó.
Por el crimen cometido el pasado 3 de mayo, el Ministerio Público ha solicitado 18 años de prisión preventiva, como medida de coerción, y la declaratoria de complejidad del proceso.
La calificación jurídica otorgada por el MP al presente proceso es la violación a los artículos, 295, 296, 302,303, 379,382, 59 y 60 del Código Penal Dominicano, que tipifica y sanciona el ilícito penal de homicidio agravado y robo.
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