Sin pretender una eliminación total de incentivos fiscales a actividades productivas que resultaría trastornadora, el excesivo desprendimiento de ingresos que tiene al Estado en condiciones de peligrosa debilidad para solventar sus servicios a la nación lleva a plantear reclamos de racionalidad y reducción de concesiones, algunas con notables perfiles de privilegio que dan lugar a competencia desleal. Procede también disminuir el endeudamiento y regir con igualdad el trato a los contribuyentes.

No faltan las alertas contra los riesgos de que los planes reformadores con cortes a exenciones afecten con sus consecuencias a sectores importantes de la economía sin resultados favorables para el erario o que la desaparición de subvenciones impida competir en buena lid con importaciones provenientes de países de amplia protección a determinados renglones.

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El turismo, uno de los motores relevantes del crecimiento, está lanzado contra los propósitos de ser tocado por un bisturí que lo pondría a pagar impuestos; empeño que entra en contradicción con recomendaciones de especialistas de aguda observación crítica como las que ha expresado varias veces el consultor de primer plano Juan Lladó quien sostiene llanamente que “ya no es necesario que el Estado dominicano siga favoreciendo (al turismo) con incentivos fiscales”. Recordó que desde hace dos decenios los organismos multilaterales sugieren la eliminación de sus exenciones.

Defendiéndose, la última vez que enfrentó la perspectiva de ser afectado por tijeretazos contra su comodidad y ventaja de ganar dinero sin compartirlo con el fisco, el empresariado de la industria sin chimenea apeló a advertir con énfasis que anular las exenciones equivaldría a “darse un tiro en el pie” ante lo que consideran un “excesivo ITBIS” entre otras objeciones.

Los magnates turísticos se consideran merecedores del confort protector que asiste a las zonas francas y vaticinaron que gravar ese núcleo de inversionistas, mayormente extranjeros, los haría huir del país. Entienden que una reforma fiscal debe limitarse en cuanto a ellos a corregir algunos “abusos” cometidos en el marco de la ley.

Preocupación eterna

En su interés de influir medularmente en la fijación de perfiles institucionales a la República Dominicana, el Fondo Monetario Internacional ha reaccionado a partir de la realidad de que este es un país con una presión tributaria que no llega al 15% del PBI, con un gasto tributario de alrededor del 4.5% y un contradictorio sistema de exenciones e incentivos abocado a redefiniciones. Invariablemente aboga por una reforma fiscal como si se tratara de una distorsión sobre la economía a la que debe darse prioridad.

Pero esta vez puso énfasis en la necesidad previa de crear un marco de prudencia “científica” que tome en cuenta al mismo tiempo los aspectos favorables y desfavorables de las exenciones y subsidios, en interés de alejar la toma de decisiones de subjetividades por preferencias personales, simpatías y antipatías. Al comentar las recomendaciones del FMI, un analista de continua presencia en la prensa escrita destacaba el martes la conveniencia de determinar cuáles tratamientos impositivos o de subvenciones deben mantenerse, eliminarse o crearse en aras de un equilibrio de los respaldos estatales, sin “disparos al pie”, como dicen hoteleros.

Coincidiendo con las recomendaciones de racionalidad en los cambios en sistemas tributarios, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, propone siempre a los países inclinarse hacia políticas fiscales que favorezca el desarrollo sostenible con sentido de equidad.

De su lado, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, advierte a los gobiernos que obtener más ingreso fiscal es clave. Y sobre la República Dominicana el BID ha llegado a preguntarse ¿por qué los ingresos fiscales son bajos en el país?

Y la propia entidad se responde: “Por una gran cantidad de exenciones y tasas reducidas de los principales tributos” poniendo como ejemplo las exoneraciones al ITBIS que libran de pago “en más del 50% de la base imponible potencial” que es con la que se calculan las proporciones a aplicar, lo que no debería estar demasiado subordinado a discrecionalidades. Se ha diagnosticado que el índice de desarrollo humano en el país está por debajo de lo que se podría esperar del PBI per cápita en esta geografía.

EXENCIONES PLUS

Las exenciones por reglas de terreno y las que emergen en oleadas conjuntamente con subsidios que erosionan al fisco han tenido en espiral ascendente los costos de producir energía eléctrica en la República Dominicana a cargos de entes privados y públicos de los que el único que navega con una sólida rentabilidad garantizada por lo contractual es el de los generadores no estatales.

En apoyo a las conveniencias de iniciativas privadas, en un solo año reciente la Comisión Nacional de Energía (CNE) auspició, en adición a la elusión fiscal legalizada que las ampara, liberaciones del pago de impuestos por RD$1,095 millones a empresas energéticas que basaron solicitudes en una proyectada instalación de sistemas de generación renovables que serían las que les permitirían ganar más dinero al vender electricidad a sus clientes de todo género incluyendo a las EDES de la eternidad deficitaria.

Lo cierto es que la asignación creciente de subsidios a intermediarios fracasados de la comercialización energética y lo que el fisco pierde (eufemísticamente descrito como gasto fiscal) por extender sin pausas las exoneraciones a los generadores privados tremendamente bien pagados por el fluido que venden a un comprador que no les falla gracias a los contribuyentes y a los endeudamientos, configuran al ser sumados, un agujero mayor para el presupuesto del que oficialmente se admite.

ZONAS POSITIVAS

Las gestión de parques industriales bajo tratamiento impositivo especial, renovados en los últimos años como importantes creadores de empleos de bajo costo para el Estado, logra atraer más inversiones extranjeras y locales en busca de los beneficios de no pagar ciertos impuestos recibiendo adicionalmente facilidades para importar-exportar. Un trueque con equilibrio entre el interés social dominicano y el de un género de producción que se obtiene invirtiendo poco, relativamente.

El beneficio neto para la nación es que el régimen de zonas francas promueve el comercio en sentido general, las relaciones entre negocios, el intercambio comercial entre países gracias a la logística que dinamiza importaciones y exportaciones y la adquisición de materias primas y servicios de origen local, además de generar ingreso al componente laboral.

Con esos ámbitos de empleos y de asentamientos empresariales se gana una batalla contra el lastre del burocratismo que reina entorpecedoramente en otras áreas de la creación de riquezas. Vale reconocer que la permisividad recaudadora para la inversión en zonas francas no incluye el que sus transferencias de bienes en ellas producidos al mercado nacional estén exentas de pagar el ITBIS y el impuesto selectivo al consumo, incluyendo los artículos que para acá pasan siendo los más determinantes para la rentabilidad de tales negocios.

Y aún así, el sector zonafranqueado de República Dominicana se ha expandido exitosamente. El recurso humano presenta un índice de competitividad muy favorable en comparación con el de otros países de la región y los géneros de sus confecciones a mano y con maquinarias simples evolucionan y se diversifican. Dejaron de estar restringidas a hilos y agujas. RD es una potencia en confección masiva de artículos de cierta sofisticación para los servicios de salud en todo el mundo.

¿EN QUÉ QUEDAMOS?

Leyendo uno de los últimos diagnósticos a comportamientos de la economía del ingeniero Guillermo Caram, de experiencia como respetable exgobernador del Banco Central y crítico de formalidad académica, queda llamada la atención hacia su apreciación de que ya el Gobierno, con su ejecución presupuestaria 2024, dio el primer paso hacia la reforma de la fiscalidad. Sostuvo que en el presente, los ingresos por tributos aumentan sin cesar mientras los gastos se reducen (escuchen bien) en 60 millones de pesos diarios. ¡Una cota de saneamiento que ha tenido poca divulgación!

A continuación en uno de sus artículos semanales del periódico HOY, Caram propone fórmulas a ser empleadas por el Gobierno para reducir con pocos sacrificios los gastos corrientes con un siguiente paso dirigido a: «mantener el gasto de capital y ralentizar el endeudamiento como reclaman voces nacionales e instancias internacionales y abandonar la práctica de tomar prestado más de lo amortizado». Exteriorizó ideas el Ing. Caram como diciendo que en buenas manos está el pandero.