Nueva York. En lo que va del presente año 29,722 personas han resultado heridas de bala en Estados Unidos.

Asimismo, durante los últimos tres años la suma se eleva a 110,345. En el 2019 la cantidad de 30,200 heridos; en el 2020 el total de 39,537; y en el 2021 se reportaron 40,608, para totalizar 140,067 en los 45 meses transcurrido en los casi cuatro años.

Las estadísticas son proporcionadas por la organización “Archivo de Violencia Armada (GVA) con sede en Washington DC.

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Entre las víctimas figuran cientos de dominicanos, principalmente en el vecindario del Alto Manhattan, comparado con cualquier otro lugar en el territorio estadounidense.

La Segunda Enmienda de la Constitución de EUA “protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas”.

Es uno de los países con menores limitaciones para adquirir y portar armas de fuego, porque es parte de la llamada Bill of Rights (Carta de Derechos estadounidense).

Altos costos en atenciones

El costo económico de las heridas provocadas por los disparos se eleva a unos $557 mil millones de dólares al año, equivalente al 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB) de USA, según el estudio publicado por la revista JAMA, de Zirui Song, profesor asociado sobre Políticas de Sanidad en el Instituto Blavatnik de la escuela de medicina de la Universidad de Harvard.

Alrededor del 21% de los pacientes que presentan lesiones por arma de fuego tienen seguro privado, otro 28% tiene Medicare o Medicaid, y el resto en su mayoría no tiene seguro.

Entre los trabajadores y jubilados de EE. UU. con seguro médico patrocinado por el empleador, cada lesión por arma de fuego no fatal genera un gasto estimado de $30 mil dólares en atención médica directa por sobreviviente, solo en el primer año.

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Después de que un trabajador sufra una lesión por arma de fuego, los empleadores estadounidenses y sus aseguradoras pagan precios de atención médica que son, en promedio, casi el doble del nivel de los precios de Medicare para una estadía en el hospital y 2.6 veces lo que paga Medicare por los servicios ambulatorios.

Más de 550 directores y ejecutivos firmaron recientemente una carta a los senadores estadounidenses instando a tomar medidas significativas para reducir la violencia armada.

Destacaron las realidades económicas y de salud, enfatizando que “la epidemia de violencia armada representa una crisis de salud pública que continúa devastando comunidades, especialmente comunidades negras y latinas” y que “además del costo humano hay un profundo impacto económico”.