La sociedad dominicana ha estado expuesta a informaciones preliminares y sucintas sobre una diversidad de acusaciones por violaciones a controles y procedimientos de ley en perjuicio del Estado.

Una enumeración impresionante de hechos precedió la formalización de cargos que ahora discurrirán por instancias de análisis y valoraciones ceñidas a los debidos procesos hasta establecer responsabilidades o liberar de ellas individualmente a los encausados.

No cabía, en ningún momento ni para ningún sector ciudadano, ignorar la gravedad abrumadora de las imputaciones, surgidas de una revisión sobre las acciones administrativas de un determinado período de gobierno cuyos resultados aparecen avalados por la minuciosidad de experticias a cargo de un Ministerio Público que exhibe independencia.

Los procesos que vienen acaparando la atención del país colocan anteriores ejercicios de poder entre signos de interrogación que ameritan respuestas en un sentido u otro a ser obtenidas con la aplicación de la ley por jueces independientes, imparciales y responsables.

Actuarán ante una nación que aspira a conocer, por vía de la probidad de los togados puestos en roles estelares, la real magnitud alcanzada por la corrupción en estos casos en marcha, y el grado de daños que se habría infligido al patrimonio nacional, siendo ellos los llamados a determinarlos. De la honrada y recta valoración de las imputaciones deberán surgir sentencias ejemplarizantes.

Actuaciones contra la corrupción son elogiadas dentro y fuera del país

Se demanda, razonablemente, el envío a juicio de hechos recientes