Nelson Marrero 
Persona ejerciendo su derecho al voto. Archivo
Muchos usufructuarios de cargos actuales y anteriores han sido puntuales a la hora de cobrar pero han huido, como el diablo a la cruz, a la rendición de cuentas
Cuando el aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ingeniero Ramón Alburquerque, atribuyó al reeleccionismo tempranero gastar 8,500 millones de pesos al año en propaganda para validar la continuidad en el poder puso el dedo en la llaga de una ambigüedad aprovechable por proyectos oficialistas: la publicidad que el Gobierno aplica para sostener su imagen en el presente le sirve para ir adelante con abrumadora promoción de largo plazo hasta las urnas en el 2024 persistiendo en atribuirse bondades que esparce ante los ojos del electorado con ánimo de seducirlo.
El presidente Luis Abinader trazó una línea de Pizarro contra la pronunciada inclinación a aprovechar al Estado para permanecer en él por más años, legalmente posible por un período más; y ha prometido no permitirlo y sentado precedentes, modestos por cierto, con la suspensión de un par de funcionarios subyugados por las mieles del poder que ejercieron sus mandos para obligar a empleados públicos a acudir a las actividades proselitistas del PRM. Pero sustraerse a la tentación de seguir adheridos al Estado ha sido difícil en la historia dominicana, aunque algún estadista sea recordado por contenerse bastante, con sentido de decencia, ante las abundantes reservas del Tesoro Nacional y de prerrogativas para quienes llegan arriba con tendencia a no querer bajar.
El riesgo de que sean los contribuyentes los que cubran, al menos parcialmente, una próxima renovación de mando no es el único presagio de posibles daños políticos e institucionales para el país. Se está obligado además a mirar con preocupación hacia el populismo que lleva a los guardianes de la ley a abstenerse de enfrentar, o solo suben la guardia medianamente, ante comportamientos sociales disruptivos, o se apela al clientelismo que degrada los ejercicios de poder y resta credibilidad a los partidos políticos a su paso por los bienes de la República.
Todo para ¿Cuándo?
Autoridades, incluidas las legislativas, están atrapadas en miedos a impactar sectores sociales en vísperas de elecciones y optan por postergar pasos firmes para reformar el Código Penal y leyes orgánicas; enfrentar el caos en el tránsito poblado de chivos sin ley, la proliferación de ilegalidades en lesivos comercios, juegos de azar, epidemia de construcciones informales de alto riesgo a cargo de predominantes maestro constructores semi-analfabetos, nóminas supernumerarias que afectan hospitales públicos con más personal cobrando que el que trabaja mientras escasean medios para atender pacientes y la falta de una firme contención protectora deja libres a notables depredadores de recursos naturales. Por doquier aparece gente llamada a votar.
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El temor a quedar en evidencia por falta de apoyo ciudadano hace huir a importantes «fuerzas» partidarias de las tradicionales consultas directas a sus militancias y simpatizantes. La convocatoria a urnas de elecciones primarias, capaces de establecer con autenticidad el respaldo de las llamadas masas, va hacia la sustitución por mediciones de encuestas de mucha versatilidad para el acomodo de resultados y por las asambleas cerradas para que una minoría de delegados seleccione candidatos o el dedo entre en la acción.
Con un reparto de pesos y entremeses de pollo frito cualquier ente minoritario en la realidad, o mayoritario en la teoría, llenaría salones para la apariencia de sesiones muy concurridas. Los partidos pierden confianza en sus supuestos incondicionales mientras los «supuestos incondicionales» tienden con transfuguismo a perder confianza en los partidos, algunos desbancados por éxodos disparados por rupturas internas desequilibradas y fracasos electorales o porque nunca han podido deshacerse de su acentuada vocación de ventorrillos. Una dispersión de la descreída sociedad que ha conferido importancia crucial a las alianzas y a sus consecuencias: el reparto rentista del presupuesto nacional. Pactos para poner dirigencias en diversas poltronas de una Administración Pública excesiva.
Señales de ilicitud
La relación entre dinero y poder se refleja en el perfil de subasta que adquiere la competencia por candidaturas, sobre todo congresuales, porque los «triunfos» se han encarecido y la plata vale más que la aceptación consciente y racional de las ofertas para atraer votos. Ostensible vinculación a dudosos orígenes de recursos han puesto bajo lupa investigaciones preliminares y hasta en procesos de encausamiento a individuos que alcanzaron asientos legislativos. La suficiencia de recursos abre puertas a las funciones de Estado y los filtros no siempre han funcionado. Y a más bancas de apuestas.
Capitales vistos con escepticismo por su procedencia poco calificada, legal o ilegal, han encontrado un camino alfombrado para lograr participación en poderes y un estudio patrocinado por la Organización de Estados Americanos (OEA) sentenció globalmente que: «El narcotráfico, el enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero tienen una creciente incidencia en algunos países de la región. El grado extremo de influencia del dinero ilícito en la política es la cooptación del Estado con acuerdos entre dirigentes políticos y el crimen organizado».
Tras las elecciones del 2020, un informe derivado del referido estudio sobre financiamientos cuestionables en la política enfatizó que “La falta de acción de las autoridades (dominicanas) en esta materia, al igual que frente a múltiples denuncias de uso de recursos públicos con fines electorales refuerzan la necesidad de otorgar a la persecución penal electoral mayores herramientas para hacer valer el catálogo de prohibiciones que contemplan legislaciones”.
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Dar para ganar
El clientelismo, que es el «cuidado o protección con que los poderosos defienden o favorecen a los que se acogen a ellos» según la Real Academia Española, ha sido a su vez descrito por coaliciones de la sociedad civil que incluyen a Participación Ciudadana como «una de las causas más importantes de la corrupción por el daño que ha producido al país»; y para el sociólogo dominicano José Oviedo es «una posibilidad de acceso a recursos estatales a cambio de lealtad política».
Una concesión interesada que desde el poder va aparejada de la «falta y/o violación de controles internos que contribuyen a la creación de beneficios personales o grupales». Y hablando de este mismo país los entes sociales aludidos han afirmado que los problemas de la corrupción en la Administración Pública están vinculados a la falta de instituciones fuertes que se sobrepongan a los gobernantes del momento y permitan la continuidad de las políticas y acciones del Estado. El entumecimiento legislativo que estanca al país en códigos y leyes desfasados lo confirma.
«Queda claro que el sistema político y de representación vigente en nuestro país otorga a los gobernantes de turno la centralización en todas las decisiones importantes. La centralización es vista como una de las causas de la corrupción unida a otros elementos no menos importantes, la ausencia de información y la falta de rendición de cuentas de los funcionarios». En este mismo momento, centenares de servidores antiguos y actuales se han abstenido de formular declaraciones juradas de bienes, una omisión que no les acarrea consecuencias legales.
Reelección en la mira
Aunque en República Dominicana existe un exacto y saludable límite (una sola vez) a las extensiones de mando (que en el pasado acentuaron el uso del poder para lograrlas) los gustos por el «carguito», como describía al solio el expresidente Hipólito Mejía, ha sido con anterioridad una aspiración aparentemente súbita que solo se confiesa en el último momento en un continente en el que según expertos internacionales convocados por una fundación latinoamericana «la actual fiebre del reeleccionismo ya ha dañado la democracia en por lo menos tres países».
El politólogo Enrique Miranda, de la aludida fundación, recordó recientemente que «Daniel Ortega, Juan Orlando Hernández y Evo Morales buscaron la reelección en Nicaragua, Honduras y Bolivia sin estar permitida en sus constituciones. Y Danilo Medina destrozó su partido tratando de establecer el récord de modificar dos veces seguidas la Carta Magna para poder reelegirse. Su pasión desmedida abrió las puertas del Poder a Luis Abinader». El presidente Nayib Bukele sería el cuarto mandatario latinoamericano que buscaría la reelección a pesar de la prohibición expresa existente. No es el caso dominicano… todavía.
Ajena aún a perturbaciones de esa naturaleza, República Dominicana fue definida en algún momento por analistas de fenómenos sociales como Katherine Fernández y Florencia Alejandra Viloria como un país con un sistema político estable que ha permitido consensos y transiciones políticas. Sin embargo, no perdieron de vista la relación de esta sociedad con el «patrimonialismo y el clientelismo» capaces de «distorsionar la naturaleza del sistema y deteriorar la confianza en las instituciones, impidiendo la consolidación de la democracia». Ojo al santo.
