El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó este martes que la entidad tomó cinco decisiones sobre las alegadas irregularidades cometidas en el proceso para la licitación de semáforos del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

«Nosotros emitimos cinco decisiones con relación a ese caso, ya está fuera del ámbito de nuestra competencia», explicó.

Reiteró además que ese contrato está anulado y «en este momento está en manos del Ministerio Público que avanza en su investigación».

El funcionario reveló que «la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República están haciendo una auditoria que estará lista en las próximas semanas de acuerdo con la información que manejo».

Pimentel afirmó que las auditorías no se han parado y que es una disposición del Gabinete de Transparencia y Control del Gasto, de publicar todas las auditorías que se realicen.

Indicó que la ley establece que las auditorías deben ser públicas, por ser un mecanismo de rendir cuentas para que quienes administran fundos públicos puedan entender que de su gestión hay auditorías y que las mismas deben conducir a planes de acción y de mejoras y que en los casos que se identifiquen inconductas y violaciones graves sepan que habrá consecuencias.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Uno+ Uno.

Sobre la suspensión del contrato

La institución decidió suspender los efectos del contrato núm. DJ-CSB-009-2023, suscrito entre el INTRANT y la razón social Transcore LATAM, S.R.L., por un monto de RD$1,317 millones 350 mil 997 para la “Contratación del Servicio de Modernización, Ampliación y Gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórico del Gran Santo Domingo”.

La decisión de suspensión de oficio implica que las partes contratantes no podrán continuar con la ejecución del referido contrato, como medida provisional, hasta tanto se decidan el recurso jerárquico presentado por la razón social ESC Group, S.R.L. y las tres solicitudes de investigación presentadas por Sistemas Integrados de Control, S.A. (SICTRANSCORE) y el señor Ricardo Echandi; la razón social Transcor LP; Icontrol, S.R.L. y KAPSCH Trafficcom Dominican Republic.

El órgano rector detalló que, dentro de las denuncias de irregularidades realizadas por dichas empresas ha podido constatar de manera preliminar, que la oferta técnica de la empresa adjudicataria contiene documentos en el idioma inglés, sin las debidas traducciones.

Asimismo, verificó que, pese a que la empresa contratista alega tener una experiencia de 19 años en contratos de naturaleza y magnitudes similares, su registro mercantil aportado en la oferta técnica acredita que fue constituida en el año 2022.

En cuanto a las certificaciones presentadas en su oferta técnica, concretamente las expedidas por Transcore LP y Sictranscore, no es posible determinar de la simple lectura que se refieran a Transcore Latam, S.R.L.

“Esta Dirección General, tras haber evaluado la probabilidad de un daño irreversible, ha podido comprobar que, en atención a las supuestas irregularidades denunciadas, se evidencia la necesidad de evitar que se continúe con la ejecución del contrato referido, hasta tanto se determinen si esas irregularidades tienen mérito o no”.

Subraya que la continuación del contrato suscrito, ante indicios de irregularidades que afectarían eventualmente la continuidad de la contratación, podría suponer mayores perjuicios que beneficios.

La DGCP detalló que con esta decisión se busca garantizar el interés general, el uso eficiente del gasto público y el respeto de los principios sobre los que deben regirse las contrataciones públicas.