De acuerdo a un estudio presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre el estado de la población en 68 países, en la República Dominicana, un 23% de las mujeres no son libres de tomar decisiones sobre la atención a su salud sexual y reproductiva ni pueden ejercer este derecho.

Además, el 46% de las mujeres aún no pueden acceder a métodos anticonceptivos.

También, la tasa de fecundidad total es de 2.2 hijos/as por mujer (2023) y la tasa de fecundidad en adolescentes es 94.3 nacimientos vivos por cada 1000 mujeres de 15 a 19 años. La razón de mortalidad materna se sitúa en 107 por cada 100,000 nacidos vivos (2020), superando la región de América Latina que es de 88 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, a pesar de que el 98% de los partos fueron atendidos por personal de salud calificado.

Otros datos:

Según los datos de 68 países que presentan informes al respecto, el 24% de las mujeres y adolescentes con pareja no puede negarse a mantener relaciones sexuales y el 11% no tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre anticonceptivos en particular.
Las características demográficas del planeta cambian a gran velocidad: Dos tercios de la humanidad reside en contextos de baja fecundidad, mientras la mitad del aumento de la población mundial previsto para 2050 corresponde a sólo ocho países (Egipto, Etiopía, Filipinas, la India, Nigeria, el Pakistán, la República Democrática del Congo y la República Unida de Tanzanía), lo que transformará radicalmente la clasificación de los países más poblados del mundo.
Según un estudio reciente de las Naciones Unidas, impulsar la equidad de género en la fuerza de trabajo sería más útil para sustentar las economías de sociedades con poca fecundidad y en proceso de envejecimiento que fijar metas para que las mujeres tengan más hijos.
En el plano mundial, las complicaciones del embarazo y el parto son la causa principal de muerte en adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años.
De los 5,6 millones de abortos que se calcula que se producen cada año entre las adolescentes de 15 a 19 años, 3,9 millones son en condiciones de riesgo, una de las principales causas de muerte materna en todo el mundo y provoca entre el 4,7% y el 13,2% de todas las muertes maternas que se registran cada año— cifra que se sitúa en torno a las 22,800 muertes—, además de enfermedades y discapacidades muy extendidas.
Las madres adolescentes (de 10 a 19 años) se enfrentan a riesgos más altos de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas, en comparación con las mujeres de 20 a 24 años.
Los bebés de madres adolescentes tienen más riesgo de padecer bajo peso al nacer, partos prematuros y afecciones neonatales graves.

La ansiedad demográfica (preocupación por las variaciones en la cantidad de la población) se ha convertido en un fenómeno generalizado y que cada vez es más frecuente que los gobiernos adopten políticas encaminadas a aumentar, reducir o mantener las tasas de fecundidad.

El informe de referencia 8,000 millones de vidas, infinitas posibilidades: argumentos a favor de los derechos y libertades aboga por dar un giro de 180º grados a la perspectiva desde la que se abordan las cifras demográficas e insta a la clase política y los medios de comunicación a prescindir de los relatos exagerados sobre explosiones poblacionales y situar a las personas y sus derechos en el centro. En lugar de preguntarse a qué velocidad tiene hijos la ciudadanía, los dirigentes han de plantearse si todas las personas —y en especial las mujeres— están en posición de ejercer su libertad reproductiva. En demasiadas ocasiones, la respuesta es “no”.

“El cuerpo de las mujeres no puede quedar supeditado a los objetivos demográficos”, expone la Dra. Natalia Kanem, directora ejecutiva del UNFPA. “Si queremos forjar sociedades prósperas e inclusivas, independientemente del tamaño de la población, necesitamos un cambio radical de mentalidad en lo que respecta a nuestra forma de hablar sobre los cambios poblacionales y hacer planes en torno a ellos”.

En los 68 países que han facilitado datos sobre la materia, el 44% de las mujeres y adolescentes con pareja no tiene derecho a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo en lo relativo a las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la obtención de atención de la salud, una proporción verdaderamente abrumadora. A nivel mundial, se calcula que unos 257 millones de mujeres tienen una necesidad insatisfecha de anticonceptivos seguros y fiables.

A lo largo de la historia, hemos podido constatar que las políticas de fecundidad pensadas para aumentar o reducir la fecundidad son de poca efectividad e inútiles en la mayoría de los casos y atentan contra los derechos de las mujeres. Durante los últimos 20 años, algunos países han lanzado programas para motivar que las familias fueran más numerosas a cambio de incentivos financieros y recompensas para las mujeres y sus parejas; con todo, su tasa de fecundidad no ha superado los dos hijos por mujer; 2.2 en el caso de República Dominicana.

La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR MICS 2019) arrojó que la esterilización ha sido el método anticonceptivo más usado en la República Dominicana, en 30.5% de las mujeres en edad reproductiva, casadas o unidas. Además el país ocupó el segundo lugar del mundo con cerca de 25% de mujeres que fueron esterilizadas sin saber que se trataba de una intervención irreversible; le precedió Lesoto con 28% (datos procedentes de encuestas nacionales realizadas entre 2000 y 2017), de acuerdo con el anterior informe del Estado de la Población Mundial, publicado en 2022.

La planificación familiar no puede ser solo una herramienta para alcanzar las metas de fecundidad, sino un recurso que empodera a todas las personas. Las mujeres deben poder elegir si desean tener hijos y, en caso afirmativo, cuántos, con quien y en qué momento de su vida, sin tener que sufrir la coacción de sus parejas, ni de expertos o funcionarios. No obstante, cada año se producen, como mínimo, 10 millones de embarazos no intencionales entre las adolescentes de 15 a 19 años en los países en desarrollo.

El informe recomienda a los gobiernos que adopten políticas que tengan como pilar fundamental la igualdad de género y los derechos; por ejemplo, las políticas que fomenten la igualdad de género en los entornos laborales, el acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y los programas de licencia parental, que en República Dominicana fue aumentada a 15 días laborables, mediante el decreto presidencial 312-22, en junio 2022.