El órgano fue intervenido por fiscales y policías como parte de “Operación Caracol” de Pepca

NEULYN GONZÁLEZ Y EMILIO GUZMÁN

En un hecho que no tiene precedentes en la vida institucional del país, decenas de fiscales y policías allanaron desde tempranas horas de la mañana de ayer la sede de la Cámara de Cuentas, principal órgano de control externo de los fondos públicos, como parte de una investigación en contra de sus directivos y otros funcionarios por obstrucción a la justicia y delitos de corrupción administrativa.

Desde alrededor de las 6:30 de la mañana, el edificio fue acordonado y rodeado de agentes policiales, entre ellos unidades de operaciones especiales (Swat), mientras representantes del MP, incluyendo a miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), ingresaban para sacar cajas de documentos.

A este paso de la lucha contra la corrupción, el órgano acusador lo ha denominado “Operación Caracol”, que fue puesta en marcha desde hace varios meses por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del MP.

En este caso las autoridades investigan a la Cámara de Cuentas, presidida por Hugo Álvarez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

Además, la investigación por corrupción incluye a Pedro Antonio Ortiz, Carlos Noés Tejada, Margarita Melenciano y Félix Álvarez, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas, que gozan de privilegio de jurisdicción.

Debido a la jurisdicción privilegiada, el allanamiento fue autorizado por la jueza María Garabito Ramírez, de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), mediante la Resolución 01-2021, dictada el 18 de este mes.

La operación, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director de la Pepca, duró cerca de doce horas y desde su inicio captó la atención de los transeúntes que pasaban por los alrededores del edificio gubernamental Manuel Fernández Mármol, en la avenida 27 de Febrero.

El nombre “Operación Caracol” se asemeja al de la “Operación Antipulpo”, que desarticuló una red de corrupción que involucra a 11 personas, entre ellas familiares y funcionarios del expresidente Danilo Medina.

Lo que busca el MP. Por tratarse de un proceso aún en investigación, el Ministerio Público de manera oficial no ha revelado las informaciones que desea obtener de este allanamiento.
Al momento de interrogar al presidente y al secretario de la CC, en diciembre pasado, el órgano de la persecución penal informó que estos habían sido requeridos para que “declaren respecto a informaciones que posee el MP sobre manejos irregulares por parte de los miembros de la Cámara de Cuentas para impedir el suministro de los informes requeridos para el desarrollo de las investigaciones llevadas a cabo por corrupción administrativa, lavado de activos e infracciones conexas”.

A principios de este año, el propio procurador Camacho declaró que la investigación a la CC era porque “cometían actos que riñen con la ley, incluso maquillando auditorías”.
Presidente se defiende. Álvarez Pérez afirmó que no había coordinado las auditorías que el MP dice fueron alteradas para beneficiar a exfuncionarios de instituciones auditadas.

Indicó que él nunca estuvo a cargo de la Dirección de Auditorías, pero se negó a revelar el nombre del encargado de esa área.

‘Cómplices de la corrupción’
El director de la Pepca, Wilson Camacho, aseguró que en el allanamiento a CC encontraron miles de pruebas que confirman que los miembros de ese organismo ‘han actuado como cómplice de la corrupción’ y no como defensores de los recursos públicos y que han actuado en contra de la democracia del país.

Dijo que esa es la razón por la que el Ministerio Público (MP) ha hecho el allanamiento, en el que afirma encontraron miles de pruebas que en su opinión confirman las sospechas que tenían, ‘que desde ahí se maquillaban auditorías para favorecer a personas que dirigían instituciones públicas’.

“Las personas de las instituciones que fueron favorecidas por esas auditorías han cometido hechos ilícitos que riñen con la ley y que nosotros en su momento y luego de analizar estos documentos, estaremos tomando los correctivos y llegando a cabo las acciones de lugar”, expresó Camacho, al ofrecer declaraciones a la prensa, al concluir el allanamiento que duró cerca de doce horas.

Camacho dijo que por el momento no puede revelar las instituciones favorecidas por la CC, porque afecta las investigaciones.