Para la cobertura del fallo sobre el caso Odebrecht esta tarde en el Palacio de Justicia, el Poder Judicial dispuso algunas medidas como una forma de mantener las disposiciones de las autoridades gubernamentales contra el coronavirus.
Las medidas adoptadas son las siguientes:
- Solo se permitirá una persona por medio dentro de la sala.
- Los periodistas o reporteros deberán estar debidamente identificados con los carnets de sus respectivos medios de comunicación, que serán requeridos por el personal de seguridad al momento de entrar al tribunal.
- Todas las personas dentro de la sala de audiencia deben usar mascarillas de forma permanente.
- La sala de audiencia tiene una capacidad limitada, por lo que, al momento de llegar a la ocupación total se restringirá el acceso a la misma, conforme lo dispone la ley.
- Habrá un espacio señalizado para la prensa de forma tal que puedan realizar su labor desde dicho espacio, como se ha contemplado en ocasiones anteriores. Al momento del inicio de la audiencia y durante el transcurso de esta, deberán permanecer en el lugar asignado y no circular por la sala.
- 6.En la sala de audiencia tendremos personal de Prensa de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, para asistirles ante cualquier necesidad.
Las claves para entender el caso Odebrecht en República Dominicana
Un tribunal dictará este jueves su fallo sobre el juicio del caso Odebrecht, escándalo de corrupción en torno a la constructora brasileña que ha tenido ramificaciones en doce países de América Latina y África.
Estas son las claves para entender el caso en República Dominicana, país en el que Odebrecht admitió haber pagado 92 millones de dólares entre 2001 y 2014 para adjudicarse 17 obras de infraestructura y conseguir la aprobación de financiación a esos proyectos.
LOS ACUSADOS Y LOS CARGOS
Están acusadas seis personas, entre ellos los principales imputados son el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el representante de Odebrecht en el país en la época de los hechos, Ángel Rondón, quienes se enfrentan a posibles penas de hasta diez años de cárcel.
Los otros imputados son los exsenadores Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Tommy Galán, contra quienes la Fiscalía pide cinco años de cárcel, además del abogado Conrado Pittaluga, supuesto testaferro del exministro de Obras Públicas, quien podría cumplir hasta siete años de prisión.
Los acusados, que se declaran inocentes, atienden a cargos de soborno, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en las declaraciones juradas, así como complicidad en el soborno a funcionarios.
AUSENCIAS SONORAS
La mayor obra ejecutada por Odebrecht en el país, la central Punta Catalina, obra estrella del Gobierno del expresidente Danilo Medina, fue excluida del caso por falta de pruebas, aunque los actuales responsables de la Procuraduría General de la República (PGR) ya han anunciado la apertura de una nueva investigación en torno a esta obra.
A diferencia de otros países latinoamericanos, las investigaciones nunca llegaron a los tres presidentes que han gobernado el país en la época en la que se suscribieron los contratos.
Odebrecht habría pagado US$39.5 MM en sobornos por Punta Catalina
Tampoco se ha juzgado a ningún ejecutivo de Odebrecht, en virtud de un acuerdo por medio del cual la compañía se comprometía a colaborar con las investigaciones y a pagar al Estado dominicano 184 millones de dólares, el doble de lo distribuido en sobornos.
En un primer momento, hubo 14 investigados, entre ellos el exministro Temístocles Montás, uno de los principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ahora en la oposición, pero la mayoría de ellos acabaron excluidos del proceso, en polémicas decisiones de la Fiscalía.
EL CUESTIONADO PAPEL DE LA FISCALÍA
El camino del caso ha sido tortuoso desde que se produjeron los primeros arrestos en 2017, sobre todo por el papel del ex procurador general, Jean Alain Rodríguez, que hoy cumple prisión preventiva por otro gran caso de corrupción en el que se le investiga por usar la Fiscalía con fines políticos.
Incluso la actual procuradora general, Miriam Germán Brito, criticó la solidez del expediente cuando ella formaba parte de la Suprema Corte de Justicia, tribunal que analizó el caso de los legisladores que estaban en activo en el momento de formularse las acusaciones.
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Entre las principales críticas que se achacan al anterior procurador está el hecho de no haber viajado a Brasil para interrogar a los delatores, ni haber solicitado a Odebrecht que revelara la identidad de las decenas de personas que aparecen en las listas de pagos de sobornos, identificados con seudónimos.