EMILIO GUZMÁN M. 
Más de 30 organizaciones de la sociedad civil llamaron al Poder Ejecutivo, a los gobiernos locales, al sector empresarial, cooperación internacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial, a mantener en función las Casas Comunitarias de Justicia en los sectores más vulnerables del país.
En una comunicación, las entidades aseguraron que eso ayudará a la convivencia pacífica en los barrios y a descargar al sistema de justicia de un cúmulo de casos resueltos en las propias comunidades.
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“Las Casas Comunitarias de Justicia son centros de mediación, conciliación, promoción de los derechos humanos, prevención de la violencia, articulación y vinculación con el territorio, fundamentales para garantizar y promover la convivencia en paz”, expresa el documento.
Expone que esos centros ofrecen orientación legal, atención a mujeres víctimas de violencia e intrafamiliar y espacios formativos para construir ciudadanía, a fin de promover y facilitar el acceso a la justicia, mejor convivencia, prevención de delitos y fomentar la educación ciudadana, escolar y comunitaria.
Las organizaciones afirman que las Casas Comunitarias carecen de recursos para continuar con su labor, por lo que piden a los sectores de la sociedad incentivar un mayor apoyo del Gobierno, las empresas y las alcaldías, para que puedan seguir brindando servicios a personas necesitadas.
El documento está firmado por Asociación Casa Abierta, Ciudad Alternativa, Articulación Nacional Campesina, Centro La Salle, Centro Juan XXIII y Centro Poveda, entre otras organizaciones.
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