Las razones por las cuales los dueños de gasolineras pretenden incursionar en el expendio de gas son bastante ruin; quiero decir vil, bajo y despreciable.
Solo les interesa incursionar en el mercado del gas licuado de petróleo (GLP) como combustible automotriz, dejando de lado las ventas destinadas a hogares y comercio, la más costosa, por la enorme complejidad tecnológica que implica y las grandes inversiones que demanda la transferencia de estación gasolinera a envasadora de gas.
No comprendo los motivos del Ministerio de Industria y Comercio para pretender homologar un mercado de combustibles que desde 1963 ha funcionado bien, pagándole al Estado los impuestos requeridos, dándole seguridad en el suministro de los derivados del petróleo y que, sobretodo, ha desarrollado 1,300 plantas con más de 25,000 empleados directos, que contribuyen a la paz social exigida por nuestro régimen de derecho.
El grave problema del infundado constitucionalismo estriba en que cada sector interpreta la Carta Magna según sus intereses, pues ahora resulta que en aras de una supuesta equidad competitiva se pretende despojar a las envasadoras de gas, un mercado con casi 55 años de operatividad, de la parte sustancial de su actividad económica –la venta del gas automotriz- para repartírsela con otro sector, las expendedoras de gasolina, que nada han aportado para ganarse ese reparto.
Las gasolineras han sido afectadas por un crecimiento desordenado, pues se multiplicaron sin planificación como bancas de apuestas; hasta hace poco, cinco empresas distribuidoras participaban de ese mercado, hoy son más de 25; antes eran 500 gasolineras, hoy más de 900.
A tal desorden pretenden anexarle ahora la exigente venta del GLP. Ese despojo afectaría la rentabilidad de la red nacional de envasadoras que distribuyen tanto GLP, como el gas para hogares y comercio. Un abuso.