Montecristi. El Ministerio Público de este departamento judicial logró ayer que fuera dictada prisión preventiva como medida de coerción en contra de un hombre de nacionalidad dominicana al que le atribuye formar parte de una red criminal internacional que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en centros de prostitución de Haití.

El Tribunal de Atención Permanente de esa jurisdicción dictó la medida cautelar de dos meses de prisión preventiva en contra de Juan Cabreja Abreu, quien es sindicado de ser supuestamente el que se encargaba de buscar, convencer, reunirse y hacer las diligencias necesarias para la adquisición de documentos para el traslado de las víctimas hacia la vecina nación.

Se informó que dicha organización operaba desde el municipio de Pepillo Salcedo, en Montecristi, lugar donde residía el imputado Cabreja Abreu, el cual fue detenido durante un operativo realizado el pasado sábado por su vinculación al caso, mediante la orden de arresto No. 8634-2014.

En otra operación también fueron rescatadas cinco mujeres dominicanas en un prostíbulo ubicado en la capital de Haití, Puerto Príncipe, cuyo nombre se omite para proteger su identidad, las cuales eran obligadas a ejercer la prostitución de forma involuntaria.

Un comunicado de prensa establece que las investigaciones del caso están encabezada por la procuradora fiscal titular de Montecristi, Yoanna Bejarán y la fiscal Carmen Julia Ortega Monción, labores que se llevan a cabo en coordinación con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, que dirige el magistrado Jonathan Baró.

El tribunal determinó que el imputado Cabreja Abreu presuntamente junto al nombrado Frank Hipolite, de nacionalidad haitiana, se dedicaba a realizar actividades de carácter ilícito relacionadas con una red de tráfico de mujeres a nivel internacional con el fin de prostituirla en la República de Haití.

Se estableció que presuntamente en dicha red el procesado tenía la misión de constatar, conquistar y convencer a las jóvenes de los barrios, vía telefónica, para que trabajaran en un negocio ubicado en el municipio de Pepillo Salcedo, y que una vez aquí la convencía para que trabajaran con Frank, con la promesa de que ganarían más dinero, siendo las mismas posteriormente trasladadas a Haití, donde según las denuncias, eran obligadas a firmar un contrato y a tener relaciones sexuales a punta de pistola, sin su consentimiento.

Las autoridades dijeron contar con elementos de prueba que vinculan al imputado con el hecho, dentro de estos, con los testimonios de las mujeres afectadas, la mayoría residentes en las provincias de Santo Domingo y Santiago, quienes denunciaron fueron víctimas de dicha red.

El Ministerio Público le dio al caso la calificación jurídica provisional basada en los delitos de violencia contra la mujer, trata de personas, explotación laboral, abuso sexual, explotación sexual y proxenetismo, contemplados en los artículos 309-1- 303-4, 334, 334-1 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, y los artículos 1, 3 y 7 de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.