Por Adán Rafael De Camps Martínez

La equidad es un principio fundamental para el desarrollo económico sostenible, ya que garantiza una distribución justa de los recursos y oportunidades en una sociedad. En la República Dominicana, a pesar de los avances significativos en los indicadores macroeconómicos, como el crecimiento del PIB, la desigualdad sigue siendo un desafío estructural. Según datos del Banco Mundial, el coeficiente de Gini del país indica una persistente brecha en la distribución del ingreso. Además, un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo revela que el 1% más rico de la población concentra alrededor del 50% de la riqueza nacional, exacerbando las disparidades económicas y sociales. Un aspecto clave para mitigar estas desigualdades es el fortalecimiento del acceso a la educación de calidad y a la capacitación laboral, especialmente para los sectores más vulnerables. La mejora de las competencias de la fuerza laboral no solo incrementa la productividad, sino que también promueve una movilidad social ascendente.

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Además, la implementación de programas de emprendimiento y acceso a financiamiento puede empoderar a las comunidades marginadas, facilitando su integración en el mercado formal. Estas medidas deben ir acompañadas de una gestión pública eficiente y transparente para evitar la percepción de corrupción, que debilita la confianza en las instituciones. En conclusión, alcanzar la equidad económica en la RD no solo es un imperativo ético, sino también una estrategia necesaria para consolidar la estabilidad social y fomentar un crecimiento económico inclusivo. Esto requiere un compromiso conjunto del sector público, el sector privado y la sociedad civil para implementar políticas transformadoras y sostenibles.