El presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), Eliseo Cristopher, saludó ayer la decisión del Tribunal Constitucional que eliminó la obligatoriedad de colocar en el Banco Agrícola los depósitos de los alquileres para que un dueño pueda proceder judicialmente contra un inquilino que no quiera pagar.

“Todo lo que vaya dirigido a una transparencia en el tema de alquiler de viviendas es bienvenido y recibe nuestro apoyo”, sostuvo.

La decisión del Tribunal Constitucional, a su juicio, pudiera estimular, sin lugar a duda, la compra de viviendas para alquiler, lo cual muchas veces se convierte en una especie de pensión para los constructores o quienes adquieren esos inmuebles.

Explicó que conoce de casos que duran años en la justicia sin poder hacer el desalojo, debido a que se amparan en una ley obsoleta, que no apoya a los propietarios, sino a los inquilinos.

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Expresó que una de las situaciones que se presentan, cuando se construye una vivienda, o cuando los propietarios de viviendas construyen o compran para alquilar, es el tema de los desalojos.

Señaló que el posible incumplimiento de los inquilinos a la larga se vuelve un problema que conlleva pérdida de dinero y tiempo.

Planteó que la decisión del Tribunal Constitucional era una vieja demanda de los constructores desde hace muchos años, porque se constituía en una traba para el crecimiento del sector.

El TC declaró no conforme con la Constitución el artículo 8 de la ley 4314, del 22 de octubre de 1955.

Situaciones con un mal inquilino

Expresó que después de alquilar una vivienda se presentan situaciones difíciles para hacer el desalojo cuando el inquilino destruye el inmueble o deja de pagar.

Dijo que el propietario se envuelve en un proceso judicial con el inquilino que a veces dura años para finalizar.