Propicio una Reforma Fiscal. No la tributaria que se ha o han filtrado desde el gobierno; sino la que manda la Ley 1-12 sobre END, que debe pautar, por ser orgánica, leyes adjetivas sobre tributación.
Dicha ley no manda reformar tributación sino toda la fiscalidad, que incluye gastos.

El párrafo del Artículo 36 manda un proceso orientado a:
i) “reducir…evasión fiscal,
ii) elevar…calidad, eficiencia y transparencia del gasto,
iii) elevar…eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria,
iv) Consolidar… regímenes de incentivos,
v) Racionalizar…esquemas tarifarios…de servicios públicos”.
Siguiendo la lógica gubernamental de interpretar cronológicamente las secuencias textuales de dicha ley, solo después de logrado lo anterior deberían abordarse acciones expresamente concebidas para “vi) elevar la presión tributaria ”interpretable como aumentos tributarios

Y ponderar que, al implementar los ítems anteriores, aumentarán recaudaciones. Y la presión tributaria, que no es otra cosa que el resultado de dividir recaudaciones por PBI.
De manera que la reforma fiscal más expedita a propiciar, menos traumatizante por menores riesgos de reacciones adversas, sería aquella que implemente los 5 primeros ítems del párrafo del artículo 36 de la Ley 1-12.

Sobre todo, ante un clima de crispación política, partidista y social, que contrasta con las expectativas de los primeros días del presente gobierno.
Por tanto, y en cumplimiento de una ley orgánica, testimoniando así vocación de institucionalidad, sería prudente y conveniente que la Reforma Fiscal que propicie el gobierno procure prioritariamente reducir evasión fiscal simplificando/reduciendo tributación para disminuir informalidad, elevando calidad y eficiencia del gasto, eficiencia y equitatividad tributaria, consolidando incentivos y racionalizando tarifas de servicios públicos.

Esa es la reforma pertinente aquí y ahora.
Más si se concibe para incentivar producción y generar puestos de trabajo, abandonando cultura fiscalista que suponíamos que el CAMBIO iba a cambiar.

Y para aliviarle la carga al presidente Abinader ahora que se ha responsabilizado del malgasto gubernamental: consumidor del 99.6% de recaudaciones en partidas corrientes, desplomando inversiones al 57% del presupuesto 2021 y financiándolas, junto a deudas viejas, con nuevos endeudamientos.