Caso diputado de Santiago evidencia una forma de corrupción política

No son muchos los sorprendidos por el apresamiento de un actual diputado dominicano, acusado de narcotráfico, intentando penetrar en territorio de los Estados Unidos.

Sin embargo, sí sorprende que ese hecho, más que un despiste o imprudencia, tenga viso de autoentrega.

Esa circunstancia, más el hecho de que ese diputado fue el más votado en su demarcación, se dice, plantea los temas del costo de la política, del papel de dinero en la selección y financiación de los candidatos electorales, de la obstrucción al derecho a la participación y representación.

El caso de ese diputado pone en evidencia una forma de corrupción política en la elección de determinados candidatos, la cual se manifiesta en diversas instituciones del Estado, principalmente en los poderes Legislativo y local.

Y es que en las elecciones internas de los partidos, sus direcciones tienden a favorecer a aquellos candidatos con mayores posibilidades de financiar sus candidaturas y no, como debería ser, por la excelencia de su representatividad social y/o política. Por tanto, un candidato elegido en esas condiciones usará el dinero para obtener votos para él y su partido postulante, sin parar mientes en la forma de captarlos.

Una laxitud ética/moral y limitación del derecho a la representación que, en su esencia y forma, constituye una de las tantas expresiones de la corrupción de la cultura política que lastran nuestra sociedad la cual, lejos de ver disminuida la pobreza observa como esta reproduce, asumiendo su peor manifestación: la desigualdad extrema.

El referido caso, determina que muchas voces reclamen mayor control de parte de los partidos y las instituciones competentes en materia electoral. No obstante, más que control, lo que el sistema necesita es mayor nivel de transparencia y democracia interna de estas colectividades.

Ello así, porque a mayor garantía de derechos en una sociedad, menores podrían ser las posibilidades de que la corrupción se aposente en ella como algo normal, tolerada y hasta justificada, convirtiéndose así en parte de su cultura en término general.

También, porque la práctica de favorecer un candidato básicamente porque este constituye un caladero de votos instituye una permisividad que corrompe al partido que lo practica, a sus votantes y peor aún a la sociedad.

Por otro lado, mientras mayor es el costo de la política, mayores serán las probabilidades que la delincuencia organizada, más que tener hombres y mujeres que representan sus intereses en las esferas políticas y económicas del sistema, prefiera y logre colocar en ellas a militantes de sus asociaciones delictivas.

Es la lógica que ha guiado la mafia internacional, según estudiosos de ese tema. Esa circunstancia determina la fragilidad de las instituciones del sistema, reduce la calidad de la democracia y las probabilidades de que las reales y/o eventuales conquistas de derechos individuales, de género, de inclusión social, de justicia etc., sean sostenibles a largo aliento.

Por consiguiente, la incidencia en los sistemas político y de partidos, además del abaratamiento de la política, constituye una perspectiva fundamental de la lucha política en la presente coyuntura, siendo claves algunas demandas como, entre otras: un mes de campaña partidaria interna, dos meses las nacionales, prohibir las caravanas de vehículos (incluyendo motocicletas), participación paritaria entre candidatos en los medios televisivos y radiales, vallas colocadas solo por el partido con aparición de todos sus candidatos.

Así comenzaríamos a limitar los efectos corrosivos del dinero sucio en las instituciones y la cultura política del país.

Partidos tienden a favorecer candidatos con más posibilidades financiar sus candidaturas