Ninoska Cuevas 
Carolina Martínez
El proyecto de ley que obliga presentar la cédula de identidad y electoral a los que deseen hospedarse en moteles o cabañas del país, viola los derechos de las personas, amparados en la Constitución Dominicana, por lo que de ser aprobado podría ser anulado por el Tribunal Constitucional.
Así lo informó la especialista en temas de seguridad, Carolina Ramírez, quien indicó que el mismo “vulnera el artículo 44 (de la Constitución) y otros tantos, relativos al derecho de la privacidad, la intimidad, el honor y el buen nombre de las personas”.
Ramírez explicó que es innecesaria la aprobación de la pieza presentada por el diputado Luis Henríquez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ya que dichos establecimientos se rigen bajo un protocolo de seguridad.
“Las asociaciones de ese tipo de empresas, tienen unas directrices específicas y toman registro de la placa y tienen un número directo para notificar en caso de que haya una situación irregular. En el caso de los vehículos que entran sin placa, tienen también todo un protocolo para reguardar el video de entra y salida y notificar a las autoridades”, manifestó.
Dijo que los casos delictivos que hasta el momento se han presentado en una cabaña, han sido solucionados por las autoridades, por lo que entiende que “el protocolo que existe desde el año 2000, es más que suficiente, desde el punto de vita de seguridad pública”.
Se recuerda que el representante de Santo Domingo Este en la cámara baja, dijo que estos lugares son utilizados como zonas francas para la delincuencia, debido a que no solicitan identificación.
“Esto lo hacemos en el sentido de contribuir contra la delincuencia. No es posible que en nuestro país las cabañas y moteles sean utilizados para violar niñas y niños, para hacer tráfico de drogas, para secuestrar personas y para que los delincuentes se escondan», expresó el funcionario.
El proyecto también indica que es caso de incumplir con la presentación de una identificación, la cabaña podrá ser sancionada con el cierre por tres meses y una multa de 50 salarios mínimos.
La pieza cuenta con el apoya de 22 legisladores de los diversos partidos que tienen representación en el Congreso Nacional.
