El Congreso Nacional, para muchos el primer poder del Estado, no puede convertirse en garante y protector de la impunidad de legisladores cuyas inconductas y acciones al margen de la ley deshonran la labor legislativa, degradando la vida democrática al tiempo que traicionan la confianza depositada por sus votantes.

Precisamente sobre lo que quiere llamar la atención Leidy Blanco, Coordinadora Política de Participación Ciudadana, quien ayer calificó de inaceptable que transcurridos más de cuatro meses desde que se designó una comisión para investigar al diputado del PRM por Santiago Miguel Gutiérrez, preso en Miami acusado de narcotráfico, no se haya rendido un informe al hemiciclo sobre sus resultados y hallazgos.

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“La impunidad también puede ser blindada por el Congreso. Y eso es peligroso, la sociedad dominicana no merece una representación que no procure los mejores intereses para la colectividad. En investigar estos casos, dar un informe oportuno y retiro de la curul, está el mejor interés para el país”.

También se queja de que los legisladores no movieran un dedo para investigar a otros cinco diputados a los que el Ministerio Público acusa de ser parte de redes de corrupción, narcotráfico y lavado de activos, con lo que considera se envía a los precandidatos y candidatos el distorsionado mensaje de que una curul en el Congreso garantiza impunidad. Que es lo que evidencian los hechos, lamentablemente. Y no solo impunidad sino también que determinados intereses y negocios no se toquen, como los de los propietarios de bancas de apuestas y loterías. Por ejemplo.

Todo eso en desmedro de la calidad de la representación congresional, que va camino a la cualquierización, sobre todo si se permite, en nombre de un mal entendido espíritu de cuerpo, que se convierta en refugio de los malandrines de toda laya que andan por ahí buscando beneficiarse de una impunidad muy bien pagada gracias a los impuestos que desangran nuestros bolsillos.