El Departamento de Estado de los Estados Unidos resaltó en su informe sobre Derechos Humanos en República Dominicana el sometimiento a la justicia contra el periodista Marino Zapete, luego de que este denunciara que la hermana del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, recibió contratos gubernamentales sin licitación por valor de RD$ 750 millones.

En la parte en que aborda la libertad de expresión en el país, el informe indicó que el programa de Zapete:

«…demostró que en el momento en que se firmaron los contratos, la hermana estaba cobrando un salario como empleada del Ministerio de Obras Públicas. El periodista alegó que su programa fue cancelado después de que el fiscal general llamó al dueño de la estación y amenazó con acciones legales.»

En cuanto al trato gubernamental a los periodistas dominicanos, el informe indicó:

«Los periodistas y otras personas que trabajaban en los medios de comunicación fueron ocasionalmente acosados o atacados físicamente. Algunos medios informaron que periodistas, específicamente en áreas rurales, recibieron amenazas por investigar o denunciar grupos criminales o corrupción oficial.»

«En octubre, un comentarista de televisión local en la provincia de Monte Plata informó que recibió amenazas debido a su cobertura crítica de las conexiones de los políticos locales con los narcotraficantes.»

«La Asociación Interamericana de Prensa informó que los periodistas sufrieron ataques violentos por parte de la seguridad militar y policial de los funcionarios del gobierno, particularmente al cubrir las protestas dirigidas por la sociedad civil.»

Publicidad gubernamental como forma de control

El Departamento de Estado de la nación norteamericana observó en la política del gobierno con los medios de comunicación lo siguiente:

«…el gobierno influyó en la prensa a través de contratos publicitarios. Una destacada periodista que presentó un programa de televisión de noticias y comentarios de alta calificación declaró que su salida de los medios tradicionales fue un ejemplo de la influencia del gobierno en los medios de comunicación. Destacó que el gobierno gastó cerca de 12.5 millones de pesos ($ 250,000 diarios) en anuncios.»

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Escuchas telefónicas y violación a la intimidad

Estas interferencias en la vida privada fueron observadas en el informe sobre derechos humanos. Aquí se citaron las denuncias de algunos grupos de derechos humanos, políticos de oposición y periodistas críticos al gobierno de que:

«…el gobierno usó escuchas telefónicas no autorizadas, monitoreó correos electrónicos privados y otros métodos subrepticios para interferir con las vidas privadas de individuos y familias. El gobierno negó esto. Los partidos políticos de oposición alegaron que los funcionarios del gobierno a veces amenazaron a sus subordinados con la pérdida de empleo y otros beneficios para obligarlos a apoyar a los candidatos PLD.»