José Luis Morillo Frias 
El control de los gobiernos latinoamericanos ha sido una expresión permanente de la política exterior norteamericana. Esta asumida a través de la Doctrina Monroe (1823), de “América para los americanos”, lo que le ha permitido generar múltiples conflictos a lo interno de los estados, para ellos imponer gobernantes afines a sus intereses imperiales.
Estas prácticas han conducido a la sumisión de las economías emergentes de América Latina, llevando a entregar sus recursos naturales a empresas transnacionales, que llegan a explotar estos países sin controles, sin ningún tipo de exigencias, más que no sea, la lealtad y obediencia a las directrices que le impone la potencia del norte. Esta situación llevó a la creación de ejércitos desapegados al interés nacional, desvinculado del respeto a los derechos humanos y enfocados en el deseo de usurpar el poder, sin la legitimación de la población, bajo las directrices de la formación de los organismos de inteligencia de Estados Unidos.
De ahí que desde los años 60’s, América Latina se convirtiera en un escenario habitual de Golpes de Estado contra los gobiernos democráticos, que gozaban de apoyo popular, pero que, sobre todo, eran de corte nacionalista o de ideología socialista. Muchos son los casos que pudieran citarse, República Dominicana (1963), Brasil (1964) y Chile (1973), por solo mencionar algunos.
Estas políticas de terror, se hicieron acompañar de diversas dictaduras, a las que le continuaron estrategias de golpeo sistemático contra la ciudadanía que se oponía a estos gobiernos de factos. Un ejemplo bien documentado fue el Plan Cóndor desarrollado en todo el Cono Sur, donde los gobiernos de Chile y Argentina sirvieron como espacio para la represión y asesinato de miles de personas de todos los países de Sur América.
Después de décadas de violaciones a los derechos humanos y gobiernos de fuerza, se restablece una débil democracia, que por muchos años impidió la llegada al poder de fuerzas políticas progresistas, bajo la guerra del miedo, la intimidación y los fraudes electorales que fueron aupados desde la sombra del poder colonial. Los años 80 y 90, fueron épocas socialmente convulsas, fruto de las recetas neoliberales: firmas con el FMI, incremento de la pobreza, desempleo y aumento de la corrupción. Estas situaciones permitieron la llegada al poder de grupos contestatarios al modelo impuesto desde Washington, como fueron los casos de Hugo Chávez (1999), Luiz Inácio Lula da Silva (2003), Evo Morales (2006), Rafael Correa (2007). Estos gobiernos vienen a sumarse al gobierno socialista cubano (1959) y otros estadistas de origen revolucionario como Daniel Ortega en Nicaragua, José Mujica en Uruguay, así como los Kirchner en Argentina y el Frente Farabundo Martí en El Salvador.
Esta convergencia de fuerzas progresistas constituía una retranca para las apetencias de poder norteamericanas, de ahí la necesidad de empezar a desarticularlos y la mejor forma era desestabilizando sus gobiernos a través del debilitamiento económico, la guerra mediática, el fortalecimiento de los grupos conservadores, movilizaciones internas y la acusación de corrupción, en algunos casos ciertas, en otros sobredimensionadas, con el único interés de desacreditar a sus mandatarios.
Países en el foco de la estrategia de desestabilización
Lo que estamos presenciando en América Latina al día de hoy, es el regreso de las fuerzas represivas, la limitación de las libertades y el atropello de los derechos humanos, bajo la justificación del “fracaso de los grupos progresistas”, que si bien es cierto que se confiaron en su relacionamiento con grupos empresariales y otras fuerzas políticas, buscando asegurar la gobernabilidad democrática, estos errores han sido aprovechados por el imperialismo para debilitar la imagen de estos gobiernos y generar una visión equivocada de los procesos de cambio que se han venido generando internamente en estos países.
Otro aspecto a considerar, ha sido la subordinación a mercados económicos como el norteamericano, así como la dependencia productiva del petróleo y la incapacidad de recuperar la producción agrícola nacional y con ello garantizar la seguridad alimentaria, sumado a factores de inseguridad ciudadana, que vale decir, son heredados por las corruptas administraciones de la partidocracia tradicional, este es el escenario que atraviesa la Venezuela Bolivariana.
Esta estrategia desestabilizadora toca las fronteras de Brasil, cuando utilizando maniobras fraudulentas, montadas en viejas prácticas institucionales, han querido orquestar un golpe de Estado con apariencias institucionales, lleno de ilegitimidad y encaminado por la clase política más corrupta del Continente. Este hecho no es nuevo en América Latina, en la historia reciente, debemos recordar el fatídico golpe Estado Parlamentario, que se le diera a Fernando Lugo en el Paraguay en el año 2012, Bajo los supuestos cargos de «mal desempeño en sus funciones». Este derroche de acusaciones de corrupción, es la modalidad que se está implementando para anular políticamente a los líderes de las organizaciones progresistas, caso que se replica en Argentina, donde quieren implicar a la ex-Presidenta Cristina Fernández en malversación de fondos públicos.
Esta primavera latinoamericana (solo contra las fuerzas progresistas), se extiende hasta Centroamérica y el Caribe, en donde acciones de evidente persecución política, como lo demuestra la del Tribunal Supremo de El Salvador al declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, sumado a la presentación de proyectos en el Congreso Norteamericano que pretende incrementar las restricciones económicas contra Cuba, son parte de la estrategia de desestabilización que se implementa en toda la región.
Resultados de los cambios hacia la derecha:
Los procesos de desestabilización han demostrado, que luego de asumir la derecha, los cambios que se generan marcan una tendencia antidemocrática, de violación permanente a los derechos humanos, incrementando la pobreza, la persecución política, la privatización de los servicios públicos, el debilitamiento de la institucionalidad, aumento de la corrupción administrativa y del endeudamiento externo.
Estas situaciones se pueden verificar en los crímenes cometidos contra ambientalistas en Honduras, que después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, más de 80 asesinatos tuvieron lugar sólo en los últimos tres años, registrándose las cifras más alarmantes durante el año 2014.
Es el caso de Argentina que con la llegada al poder de Mauricio Macri, más de 4 millones de personas pasaron a las filas de la pobreza y la indigencia, de acuerdo a los datos revelados por la encuesta del Centro de Economía Política Argentina y el Instituto de Economía Popular.
Ante esta embestida, la única alternativa posible para las fuerzas progresistas, es seguir apostando a la integración regional, al fortalecimiento de espacios como La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), explorar nuevos mercados, mejorar el tejido industrial, recuperar la producción agrícola y propiciar una mayor participación de la ciudadanía en estos procesos de democratización de las estructuras de poder.
