Aunque todavía no han recibido respuesta a su petición de que se le permita a su cliente, Fausto Miguel Cruz, ser entrevistado por los periodistas en su celda de Najayo-hombres, los abogados del confeso asesino del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera volvieron ayer a la carga con nuevas peticiones al Ministerio Público.

Los doctores Ybo René Sánchez y Manuel Sierra consideran necesario, para “esclarecer los hechos”, que se interrogue a nueve personas relacionadas con el Ministerio de Medio Ambiente, entre los que figuran el Consultor Jurídico, el Encargado de la Oficina Provincial de Medio Ambiente en Samaná, el Director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Sempa), y un sobrino de Jorge Mera al que señalan como el autorizado a otorgar los permisos; solicitan además que les entreguen copias de las imágenes y el audio grabados por las cámaras instaladas en el despacho de Jorge Mera el día del trágico suceso.

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Presumo que esa petición debe estar acompañada de los argumentos para convencer al Ministerio Público de la pertinencia, de cara a los intereses de su cliente y del proceso, de interrogar a esas personas, aunque parece un intento de ir condicionando a la opinión pública a la idea de que en Medio Ambiente había algo turbio alrededor del otorgamiento de los permisos ambientales, precisamente la razón por la cual este asesinó a su amigo de infancia.

¿Esa es la estrategia de defensa? ¿Usar esas supuestas irregularidades para justificar un crimen injustificable? ¿Qué ganarían con eso si no es lo que se va a juzgar en el juicio al que se le someterá?

Fuera de discusión está que en este y cualquier otro caso al imputado debe garantizársele el debido proceso, al igual que los medios de defensa necesarios, aunque se trate de un crimen tan repudiado como el de Jorge Mera.

Pero no se le debe dar la oportunidad de que también mate lo que no pudo asesinar a balazos: su memoria, la manera como lo recordaremos.