Si en algo han tenido éxito los abogados defensores de los imputados por corrupción, que todos a una han abrazado la estrategia de incidentar los procesos para que se prolonguen en el tiempo hasta que el cuerpo aguante o se produzca la anhelada extinción penal, es en desalentar las esperanzas y expectativas puestas por la población en la cruzada contra la corrupción iniciada por el Gobierno del Cambio con un Ministerio Público independiente, al punto que muchos consideran un fracaso que transcurridos cuatro años desde que se iniciaron los sometimientos no haya una sola condena en los tribunales de justicia y algunos casos todavía no han logrado rebasar la fase preliminar.

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Aunque ese empantanamiento ha sido inducido, con la complacencia de los jueces, por los abogados defensores, la culpa se le pega al Ministerio Público, que tiene que lidiar también con las estrategias paralelas que esos abogados desarrollan en el pantanoso terreno de la opinión pública, donde corre el riesgo de caer entrampado. Que es lo que acaba de ocurrir con el comunicado con el que la Procuraduría respondió a los críticos de los acuerdos con implicados en casos de corrupción, que hasta ahora le han permitido recuperar, vía devolución “voluntaria”, más de cuatro mil millones de pesos sustraídos por esas personas en calidad de cómplices o lo que sea.

Oportuna es la ocasión para decir que aunque sean legales no me gustan esos acuerdos, que deben ser validados por un juez competente, ya que los que están en la fila esperando su oportunidad de meter sus codiciosas manos en las arcas públicas saben ya que tienen que hacer una reserva por si los obligan a devolver lo robado. Y si vemos que son criticados y descalificados por los abogados defensores es tan solo porque son una prueba de la culpabilidad de sus clientes difícil de refutar, pero también de la magnitud y dimensiones de la depredación de la que ha sido víctima el Estado dominicano de la mano de la corrupción que todo lo corrompe.