Desde que me enteré de la noticia, a través de un tuit de un viceministro de cuyo nombre no le conviene que nos acordemos, me resistí a creer que la suspensión indefinida del programa de visado a estudiantes universitarios haitianos fuera parte de las “medidas estrictas” con las que el Gobierno se prepara para la eventualidad de que la crisis haitiana, que se agrava cada minuto que pasa, se constituya en una amenaza para la seguridad nacional o nuestra soberanía.

Pero tanto la prensa local como la extranjera, sobre todo la haitiana, lo interpretaron de esa manera, luego de resaltar el intercambio de tuits entre el presidente dominicano Luis Abinader y el canciller haitiano Claude Joseph.

Y por mas que busqué entre las reacciones de apoyo, siempre abundantes y espontáneas cuando se trata de nuestros vecinos, a las medidas de endurecimiento anunciadas por el mandatario, no encontré a nadie, y mucho menos alguna autoridad, que explicara qué tipo de peligro representa ese programa y sus beneficiarios.

Que no solo son los estudiantes haitianos, vale la pena aclararlo, sino también las universidades que les cobran en dólares, y muy particularmente el Estado dominicano, pues según el senador haitiano Yuri Latortue el país recibe cerca de US$240 millones al año por esos visados.

No fue hasta ayer, cuando el presidente Abinader explicó que con la decisión se busca depurar a quienes ingresen al país y que solo aplicará para los nuevos solicitantes, que se conoció su propósito y alcances. Pero ya el daño está hecho, y todo por culpa de un imprudente tuit y otro engorroso bache en la comunicación oficial, que no acaba de encarrilarse.

Cuando llegó la explicación, ya el mundo se había enterado de que respondimos las insolencias del canciller haitiano ensañándonos con los estudiantes, que en buen dominicano equivale a decir que cogimos piedras para los mas chiquitos, desmintiendo de paso nuestra cacareada solidaridad con el vecino en perenne desgracia.