La mayoría de los ministerios del Gobierno dominicano incumplen la Ley 200-04 sobre el Libre Acceso a la Información Pública, siendo las ilegalidades más comunes el no proveer la información pública requerida, la entrega la información fuera del plazo establecido, así como la entrega incompleta de la misma.

Así lo revela el “Ranking de acceso a la Información Pública de los Ministerios del Estado”, un estudio de investigación realizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), a través de su Vicerrectoría de Investigación e Innovación.

Señala que el consolidado de las métricas sobre el ranking de transparencia y acceso a la información pública, el Ministerio de la Presidencia ocupa la primera posición con la más alta calificación (89.28 %); el Ministerio de Energía y Minas ocupa la segunda posición, con una calificación de un 85.71 %; y el Ministerio de Administración Pública, la tercera posición, con una calificación de 82.85 %.

Mientras que, los ministerios con la más baja calificación, ocupando las posiciones 20, 21 y 22, respectivamente, de un total de 22 entidades evaluadas, fueron el Ministerio de Deportes (19.28 %), el Ministerio de Defensa (18.57 %), y el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (9.28 %).

Resalta que solo tres ministerios, equivalentes al 13.63 % de los ministerios evaluados, entregaron la información completa y lo hicieron dentro del plazo máximo establecido por la ley, por lo que el 86.37 % de los ministerios incumplen la Ley 200-04.

Precisa que los tres ministerios que entregaron la información completa y a tiempo, cumpliendo la Ley 200-04 fueron el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Interior y Policía (desde donde se especificó a tiempo que no tenían una política como la solicitada y, por tanto, no existía la información solicitada). Además, un elevado 36.36 % ni siquiera dio respuesta a la solicitud de información o no entregó nada para cumplir con la misma.

Dificultades. En las más de 100 páginas de investigación se detallan las dificultades para acceder a la información pública que presenta cada uno de los veintidós ministerios del Estado cuando se les solicita información relativa a sus funciones. Asimismo, el informe detalla las informaciones que deben, en virtud de la ley, estar publicadas y actualizadas en los portales institucionales sin que sea necesario presentar solicitud alguna e indica qué entidades cumplen con estas obligaciones.

Al momento de la realización del estudio, casi el 30% de las informaciones de los ministerios que la ley ordena sean publicadas en los portales digitales carecían de la actualización ordenada por la Ley 200-04.

La investigación culmina con una serie de recomendaciones que se hacen a partir de las oportunidades de mejora identificadas en torno al procedimiento de las Oficinas de Acceso a la Información (OAI) de los diferentes ministerios.

Entre estas recomendaciones se incluyen mencionar la extensión de la OAI en el sistema telefónico automatizado para evitar transferencias innecesarias que aumentan el costo temporal y económico del proceso de solicitud y reducen la eficiencia del mismo; comunicar recepción de solicitud una vez recibida, y gestionar información que solicita el ciudadano, en lugar de ofrecerle los contactos para conseguirla por su cuenta, o guiarle hasta que encuentre la información disponible en la página web.

La presentación del informe, coordinado por la profesora Carolina Santana Sabbagh, se llevó a cabo en un desayuno conmemorativo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado con periodistas que frecuentan el sistema de acceso a la información pública.

El evento contó con la participación de Kiero Guerra, vicerrector de Investigación e Innovación; David Álvarez, vicerrector del Campus Santo Tomás de Aquino y Juan Faxas, director de investigación de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación, Campus Santo Tomás de Aquino (CSTA).