En la agenda de los consumidores siempre ha estado muy presente, por ser un derecho fundamental e inalienable, saber con qué nos alimentamos, cuáles son los componentes de las comidas y bebidas que ingerimos, si hacen bien o mal a la salud, la posibilidad de examinar la veracidad de la información contenida en los rótulos de las ofertas, porque se ha detectado información engañosa en muchos de los productos de alto consumo.

Entre los hallazgos figuran gran cantidad de azúcares, sales, grasas, colorantes y aditivos por encima de lo estipulado para los humanos; falta de información sobre los alimentos ultra procesados y sobre los Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

La falta de transparencia en la información ha generado que una buena proporción de la población padezca de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, obesidad en niños, adolescentes y adultos mayores, reduciendo en estos los años de vida.

Esta problemática ha sido enfrentada en muchos países de la región. Chile, Perú, México, Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Brasil, Canadá, han legislado para que los consumidores ejerzan el derecho a saber, y las alertas aparecen en los rótulos de los productos destacadas en figuras, colores, caracteres y octágonos que permitan la elección entre estar saludable o enfermarse. Los octágonos son los más aceptados por los consumidores, tras estudios realizados.

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ONPECO y otras organizaciones de consumidores entregaron en septiembre de 2019 una propuesta de Ley de Etiquetado, de la cual solo sabemos que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se ha reunido con los empresarios para discutir sobre ella.

Conocemos que las empresas se oponen al etiquetado frontal, -lo han manifestado en escenarios donde se ha debatido sobre el tema- y en el Instituto Dominicano para la Calidad (NDOCAL), lo han expresado cuando los delegados de los consumidores han insistido sobre la propuesta de legislación.

Una ley obligaría al etiquetado en el país, ya que la norma elaborada por el INDOCAL, como la NORODOM 53, no se cumple, tampoco se aplica lo establecido en la Ley de Salud y de Medio Ambiente y otras leyes como la 358-05 General de Protección de los Derechos del Consumidor, que regulan la información en las etiquetas de los productos alimenticios.

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Nuestros legisladores deben documentarse con sus colegas de otros países para que la República Dominicana se ponga en condiciones de intercambiar productos en igualdad de condiciones. El derecho al etiquetado frontal debe ser reconocido como lo que es, un derecho fundamental.

Los ganaderos del país lo piden porque descubrieron que existen fórmulas lácteas que se venden como leche, y no la que ofrecen los mamíferos. Esas fórmulas compiten de manera desleal con los productores locales porque las normas del etiquetado no se cumplen. Una ley haría la diferencia.

La etiqueta no se limita a la fecha de caducidad, ni a los ingredientes, es un problema de salud pública. En nuestro país, donde la obesidad infantil, la diabetes, la hipertensión sobrepasan proporcionalmente la de muchos países con iguales niveles económicos que el nuestro, es de rigor una ley que transparente la información y advierta al consumidor sobre los riesgos a su salud y ejerza el derecho a tomar decisiones acertadas.