Hoy 
Unas troneras contrarias a la sostenibilidad de servicios e inversiones públicas (el Estado es de todos y no solo de quienes gobiernan) remiten a más allá de exenciones fiscales de fines generosos a minorías y de dudosa conveniencia social. También provienen de inercias oficiales que conceden una gratuidad excesiva a aprovisionamientos esenciales. Semi-hundida está la capacidad de cobrar por esparcir electricidad, también vulnerable al robo, a consumidores de todos los niveles. Ineficiencia que vuelca subsidios a muchos usuarios que no los merecen. El fracaso nacional en el manejo de desechos viene de la licencia generalizada a producirlos, ricos y pobres, sin asumir en adecuada proporción el costo de darles destino final saludable. El agua de acueductos es parcialmente gratis en la mayoría de los casos, incluso para aquellos que logran con ella, industrial y comercialmente, alta rentabilidad. Detrás del tenaz crecimiento sin paralelo de la economía informal dominicana están los lucros subterráneos. No solo las capas bajas de la población están fuera de la lista de contribuyentes.
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En la erosión a la solvencia y suficiencia del sector público obran extensos enriquecimientos de la sombra, una razón poderosa para endeudar, de más en más, al país. El “dejar pasar, dejar hacer” para la conservación de simpatías transfiere elevados costos al futuro. La admirable estabilidad de la República debería basarse más en un equilibrio de gastos-ingresos y una vara justiciera para cobrarle a todo el que deba.
