La primera vez que escuché hablar de Justicia Social fue en la propaganda del Partido Revolucionario Dominicano. Era su bandera de lucha después de un régimen dictatorial que se creyó dueño del país. Para comprender de qué se trataba, me costó mucho tiempo: pensarlo, digerirlo y asumirlo también.

La Constitución del 63 fue diseñada para garantizar la Justicia Social, pero los enemigos de ese tipo de justicia arruinaron su ideario. Este volvió a resurgir en la Constitución del 2010, aunque todavía existe resistencia a su aplicación, especialmente en lo relacionado con el Estado de derecho.

La Justicia Social supone un estado donde la democracia funcione plenamente, expresada en igualdad de derechos, sobre todo en los derechos fundamentales como la salud. Resulta que la mayoría de las personas inician su etapa laboral de los 18 años en adelante. Desde entonces, comienzan a cotizar para un retiro digno que, según las leyes del país, inicia a los 65 años.

Puede leer: Besos y abrazos entre varones

Durante su período laboral, los ciudadanos tienen un seguro médico que usan poco, porque los jóvenes no suelen enfermarse mucho. Pagué toda mi vida un buen seguro que solo usé cuando me tocó dar a luz a mis hijos.

Conozco casos de personas que no quieren jubilarse por temor a perder el seguro médico, ya que, desde que se pensionan, pasan al Plan Básico de Salud, que es prácticamente no tener cobertura.

Recuerdo a doña Argentina de Álvarez. Trabajó en la administración pública desde los 18 años y, cuando se pensionó, quedó sin seguro médico. La familia tuvo que asumir todos los gastos de salud porque el Estado le negó seguir recibiendo los beneficios que había acumulado.

Todo esto me lleva a compartir la indignación de la joven Rosa Valera Ariza, quien subió a las redes su frustración tras llevar a su madre a una clínica por problemas de salud. La rechazaron porque su seguro no cubría las emergencias.

Lo peor de esta historia es que el personal le dijo: «Llévela a un hospital porque el Plan Básico indica que la atención debe ser en un hospital».

La madre de Rosa trabajó toda su vida pensando que su seguro la protegería, pero no es así. Mandar a una persona a un hospital público en este país es casi condenarla a la indigencia, porque la mayoría de esos hospitales son un desastre. Probablemente, alguien de un país del primer mundo no lo entienda, especialmente considerando los indicadores de renta media que exhibe el país.

Una persona que supera los 65 años y que realmente necesita un buen seguro médico, pero que no lo tiene, es víctima de una de las mayores injusticias en una sociedad que pretende ser democrática.

Dado que somos un país presidencialista, es oportuno llamar la atención del presidente para que emita un decreto que garantice a los pensionados del Estado mantener su seguro médico. Asimismo, sería necesario que las pensiones se revisen anualmente y se indexen conforme a la inflación. De esta forma, se cumpliría con la Justicia Social en materia de salud.

Debería revisarse el Plan Básico, la mayoría de las personas no lo utilizan porque solo cubre servicios en hospitales públicos, los cuales están lejos de ser una opción digna para quienes han servido toda la vida y dejado parte de ella en una institución.