La Haya.– La exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz acudió hoy a la Corte Penal Internacional (CPI) para ampliar la denuncia que presentó el pasado noviembre y acusó al presidente de su país, Nicolás Maduro, y a dos altos funcionarios del Gobierno de “masacrar” al grupo del antiguo policía Óscar Pérez.

Ortega se reunió durante casi dos horas con personal de la CPI y llevó pruebas que demostrarían que tanto el exagente Pérez como sus compañeros, muertos en enero pasado, “estaban rendidos” y habían “negociado su entrega”, dijo Ortega a Efe.

En este contexto explicó que, conforme al artículo 18 de la Ley de La Fuerza Armada, sólo el presidente de Venezuela puede “movilizar al Comando Estratégico Operacional (CEO), con el fin de realizar una operación como ésta».

Ortega también apuntó como corresponsables de esa operación al jefe del CEO, Remigio Ceballos Ichaso, y al director de la Policía Nacional, Carlos Pérez Ampueda, a los cuales pidió procesar por crímenes de lesa humanidad junto a Maduro.

La denuncia de hoy devuelve a la escena el caso de Pérez, quien se hizo conocido en julio de 2017 cuando, en medio de las protestas antigubernamentales que dejaron más de cien muertos en Venezuela, lanzó varias granadas desde un helicóptero de la Policía científica contra el Tribunal Supremo y, junto a algunos militares, se rebeló contra Maduro.

El 15 de enero, los servicios de inteligencia venezolanos encontraron a Pérez y a su grupo escondidos en una casa de El Junquito, en el municipio Libertador, al oeste de Caracas.

El propio Pérez retransmitió por las redes sociales cómo un agente del CEO que lideraba la operación le comunicaba su intención de detenerlo, mientras el expolicía lo animaba a unirse a su causa. Según el Gobierno de Venezuela, el ataque armado a la vivienda se debió a que los insurgentes comenzaron a disparar a miembros del comando, pero Ortega lo negó hoy tajantemente y dijo que fue el CEO el que asaltó la vivienda, hirió a los insurgentes y finalmente “los remataron” con “tiros de gracia».

“Fue un despliegue militar y policial exagerado” en el que intervinieron “más de 500 agentes” y se utilizaron “helicópteros, lanzacohetes, granadas y fusiles”, afirmó Ortega. En la operación murieron Pérez y seis de sus compañeros, mientras que otras cinco personas fueron detenidas. En la acción, también perdieron la vida dos efectivos de la Policía Nacional y cinco resultaron heridos, de acuerdo con el Gobierno de Venezuela.

La exfiscal de Venezuela aseguró que su oficina sigue trabajando desde Bogotá, donde han entrevistado a “víctimas y testigos” y se han recabado “elementos que sirven para corroborar los hechos» investigados. Algunas de las pruebas obtenidas se habrían recopilado gracias a filtraciones provenientes del actual Ministerio Público de Venezuela, indicaron a Efe fuentes cercanas a la exfiscal.

La denuncia hecha hoy por Ortega se suma a la que presentó en noviembre de 2017, cuando pidió una “orden de arresto internacional» contra Maduro y varios de sus ministros por miles de asesinatos y detenciones arbitrarias, ocurridos supuestamente entre 2015 y 2017.

La Fiscalía de la CPI anunció en febrero de este año la apertura de un examen preliminar a Venezuela por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores. Desde su repentina salida de Venezuela por la frontera con Bogotá, el perfil público de Ortega se ha hecho internacional, con reuniones con autoridades europeas y latinoamericanas.

Ortega negó hoy que tuviera en el horizonte comenzar una carrera en la política venezolana como eventual candidata presidencial. “No estoy evaluando eso.

Estoy trabajando en los planes que deben implementarse en el país para restablecer la democracia, restituir los derechos, una buena educación, el aparato productivo, la cultura, erradicar el odio y, por supuesto, haciendo investigaciones”, resaltó.

Preguntada por el carácter político de esa declaración, afirmó que acudir a la CPI es también “una decisión política” porque tiene impacto tanto en Venezuela como “en la comunidad internacional».